La problemática de los "franeleros" en la Ciudad de México ha sido un tema recurrente de debate público, generando opiniones encontradas entre quienes los ven como una ayuda necesaria para encontrar estacionamiento y aquellos que los perciben como una amenaza a la seguridad y la libre circulación. Las recientes declaraciones de las autoridades capitalinas buscan, precisamente, trazar una línea divisoria entre estas dos realidades, enfocando las sanciones en quienes abusan de su posición y utilizan la intimidación para obtener un beneficio económico.

Esta nueva estrategia no pretende criminalizar la búsqueda de un sustento a través del cuidado voluntario de vehículos. Imaginemos la situación: llegas a una zona concurrida, das vueltas y vueltas buscando un lugar para estacionarte, finalmente aparece uno y una persona se acerca ofreciéndote "echarle un ojo" a tu coche. Si aceptas y, al regresar, le ofreces una propina por el servicio, esta interacción se enmarca dentro de la legalidad. Se trata de una transacción voluntaria, donde ambas partes acuerdan libremente los términos. Este tipo de actividad, según las autoridades, no será objeto de sanción.

El verdadero problema reside en la coerción y la amenaza. La diferencia radica en que, en lugar de una oferta, se impone una cuota fija. No se trata de una propina otorgada por un servicio prestado, sino de un pago obligatorio para poder acceder a un espacio público. Este tipo de extorsión, disfrazada de cuidado vehicular, es la que las autoridades buscan erradicar. Imaginen el escenario contrario: llegas a un lugar y te indican que debes pagar una cantidad específica para poder estacionarte, independientemente de si deseas o no el servicio de vigilancia. Te sientes presionado, incluso intimidado, y accedes al pago por temor a represalias. Esta situación, que muchos capitalinos han experimentado, es la que se busca combatir con las nuevas reformas a la Ley de Cultura Cívica.

La implementación de estas medidas no se limita a la imposición de multas económicas, sino que contempla arrestos de hasta 36 horas para los infractores. Esta decisión busca que la sanción sea verdaderamente disuasiva, ya que, como señalan las autoridades, las multas mínimas actuales no representan un verdadero freno a estas prácticas coercitivas. El objetivo es que "les duela", no en un sentido de venganza, sino para que las consecuencias de la infracción sean lo suficientemente significativas como para desincentivar la reincidencia. En los casos más graves, donde se presenten amenazas, intimidaciones o daños a los vehículos, la falta se convierte en delito y el responsable será remitido al Ministerio Público, enfrentando consecuencias legales más severas.

La clave para entender esta nueva estrategia radica en la distinción entre la cooperación voluntaria y la imposición coercitiva. Se busca proteger el derecho de los ciudadanos a estacionarse en la vía pública sin ser víctimas de extorsión o intimidación. Se busca también garantizar que quienes ofrecen el servicio de cuidado vehicular lo hagan de manera legítima, sin abusar de su posición ni vulnerar los derechos de los automovilistas. El reto para las autoridades será implementar estas medidas de manera efectiva, garantizando el debido proceso y protegiendo los derechos de todos los involucrados. El debate, sin duda, continuará.