La polémica envuelve al recién nombrado Secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Raúl Lozano Caballero, diputado federal de Movimiento Ciudadano. La senadora de Morena, Blanca Judith Díaz Delgado, ha levantado la voz denunciando una aparente irregularidad: Lozano Caballero estaría ejerciendo simultáneamente su cargo legislativo y el puesto en el gobierno estatal, a pesar de haber solicitado licencia a partir del 16 de junio. Díaz Delgado argumenta que, si bien los legisladores tienen derecho a solicitar licencia para asumir otras responsabilidades, no pueden ocupar dos cargos públicos al mismo tiempo. La senadora morenista señala que el nombramiento de Lozano Caballero como Secretario de Medio Ambiente se hizo público en redes sociales dos días antes de la solicitud de licencia, lo que sugiere una posible violación a la ley. "¿Cómo es posible que se le conceda una licencia a alguien que ya está ocupando otro cargo?", cuestionó Díaz Delgado, evidenciando la incongruencia del proceso. La senadora manifestó su inconformidad argumentando que la Comisión Permanente tenía conocimiento desde la semana pasada de que la sesión se realizaría este viernes, dejando entrever una posible maniobra para acelerar la aprobación de la licencia.

La situación ha generado un intenso debate en la Comisión Permanente, donde a pesar de la oposición de Díaz Delgado, la mayoría de los legisladores aprobaron la solicitud de licencia de Lozano Caballero por tiempo indefinido. Esta decisión ha avivado la controversia y ha puesto en el ojo del huracán al gobierno de Nuevo León y a Movimiento Ciudadano. Se cuestiona la transparencia del proceso y la legalidad de la situación, abriendo la puerta a posibles investigaciones y recursos legales. La ciudadanía neoleonesa observa con atención el desarrollo de los acontecimientos, exigiendo claridad y el cumplimiento irrestricto de la ley. La polémica no solo se centra en la figura de Lozano Caballero, sino que pone de manifiesto la necesidad de revisar los mecanismos de nombramiento y licencias de los funcionarios públicos, para evitar situaciones similares en el futuro.

Más allá de la controversia particular, este caso abre un debate más amplio sobre la ética política y la responsabilidad de los servidores públicos. ¿Es correcto que un legislador asuma un cargo en el ejecutivo sin antes renunciar a su curul? ¿Se están respetando los principios de transparencia y legalidad en los procesos de nombramiento? Estas son preguntas que la sociedad neoleonesa y el país en su conjunto deben plantearse. La respuesta a estas interrogantes definirá el rumbo de la política mexicana y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

En medio de este escenario, otros legisladores también han solicitado licencia para separarse de sus cargos, incluyendo al senador Miguel Márquez Márquez del PAN y al senador Luis Donaldo Colosio Riojas de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, la solicitud de Lozano Caballero ha acaparado la atención mediática debido a las circunstancias que la rodean. La sombra de la duda se cierne sobre el proceso y la presión social exige una respuesta clara y contundente por parte de las autoridades. El futuro político de Lozano Caballero y la credibilidad del gobierno de Nuevo León dependen en gran medida de la resolución de esta controversia. Mientras tanto, la ciudadanía se mantiene vigilante, esperando que se haga justicia y se respete la ley. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de una democracia sana y es deber de todos exigir su cumplimiento.