La sombra de la duda se cierne sobre la reciente elección judicial, a pesar de la validación del proceso por parte del INE. Dos veredictos, sin embargo, persisten como un eco incómodo que cuestiona la legitimidad del resultado. El primero, la profunda división dentro del propio INE, donde la aprobación se obtuvo por un estrecho margen de 6 votos contra 5. Los consejeros opositores alzaron la voz, denunciando irregularidades que salpican el proceso: votaciones que superan el 100% del listado nominal, la inexplicable aparición de boletas sin dobleces, imposibles de haber sido introducidas en las urnas, y la inquietante uniformidad en la caligrafía de numerosos fajos de boletas, sugiriendo una posible manipulación. Pero la ilegalidad más flagrante, la que resuena con mayor fuerza, fue la distribución masiva de los llamados "acordeones", auténticas guías para inducir el voto.

El consejero Arturo Castillo, figura clave en esta denuncia, reveló la circulación de hasta 37 versiones diferentes de estos "acordeones" en más de la mitad del país. Estos panfletos promovían, de manera orquestada, a la totalidad de los candidatos que finalmente resultaron ganadores en las elecciones para la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior del Tribunal Electoral. Una propaganda ilícita, sin duda, ya que la normativa solo permitía la promoción individual de cada candidato con recursos propios. La precisión y el alcance de esta operación, con los aspirantes ganadores presentes en un promedio del 80% de los "acordeones" para cargos federales, deja un manto de sospecha sobre la transparencia del proceso.

El segundo veredicto proviene de una fuente externa, pero no por ello menos relevante: el informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA. Liderada por Heraldo Muñoz, ex colaborador de los presidentes chilenos Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, la Misión, a pesar de reconocer la labor del INE en la gestión de un proceso "sumamente complejo y polarizante", no escatimó en críticas. La baja participación ciudadana y el elevado número de votos nulos son, a su juicio, síntomas de un malestar profundo. La conclusión del informe, rechazada de plano por el gobierno federal, plantea una pregunta crucial: ¿Fortalece o debilita el actual modelo de selección de autoridades judiciales, único en el mundo, los principios fundamentales de la administración de justicia? Un cuestionamiento que invita a la reflexión y a un debate profundo sobre la idoneidad de este sistema.

La Misión de la OEA, con la contundencia que le otorga su experiencia internacional, advierte sobre los riesgos de este modelo. Recomienda un análisis exhaustivo, técnico y profesional antes de implementar cualquier reforma, y desaconseja su replicación en otros países de la región. Las evidencias, como piezas de un rompecabezas inquietante, están a la vista de todos. La pregunta es si seremos capaces de interpretarlas y actuar en consecuencia para evitar repetir los mismos errores en la próxima elección judicial de 2027. El futuro del Poder Judicial, y con él la confianza en la justicia, depende de ello.