El triunfo de la primera elección judicial en México, aunque matizado por una baja participación, ha desatado un debate en el que la propia institución responsable, el INE, parece dividida. Mientras una parte celebra la hazaña logística y democrática que representó organizar unos comicios de tal envergadura, otros consejeros se enfocan en las irregularidades, minimizando el éxito alcanzado. Es cierto que se registraron incidentes, como la aparición de boletas marcadas, que deben ser investigados y castigados con el rigor de la ley. Sin embargo, ¿es justo que estas anomalías, que afectaron a un porcentaje ínfimo de casillas (0.97%), eclipsen el esfuerzo monumental de miles de ciudadanos y funcionarios que hicieron posible la jornada electoral?

Algunos argumentan que la postura crítica de ciertos consejeros responde a una genuina preocupación por la integridad del proceso. Otros, sin embargo, perciben en sus discursos un afán de protagonismo y una búsqueda de la aprobación de la oposición al gobierno actual. La pregunta que flota en el aire es si esta división interna refleja la existencia de bloques antagónicos dentro del INE, una situación que urge resolver mediante el diálogo y la superación de viejas rencillas.

El debate sobre la elección judicial se enmarca en un contexto político polarizado, donde algunos sectores interpretan los resultados como una amenaza al Estado de derecho y a la división de poderes. Para ellos, la democracia está en peligro, ignorando la participación de más de 12 millones de votantes y el compromiso cívico de quienes se encargaron de la organización y el desarrollo de la jornada.

La defensa del actual Poder Judicial por parte de la oposición contrasta con la percepción ciudadana de esta institución. Diversas encuestas revelan altos niveles de desconfianza en los tribunales y juzgados, considerándolos incluso como uno de los entes más corruptos del país. Ante este panorama, la necesidad de una reforma judicial parece ineludible. ¿Fue la elección el camino correcto para lograrlo? El tiempo lo dirá.

Mirando hacia el futuro, es crucial analizar las disposiciones legales que rigen las elecciones judiciales, especialmente de cara a los comicios de 2027. La coincidencia con las elecciones federales y locales podría generar una complejidad excesiva para el votante, provocando el efecto contrario al deseado: una menor participación en la elección de los integrantes del Poder Judicial.

La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha reconocido la necesidad de “correcciones mayores” en el sistema, abriendo la puerta a un debate constructivo sobre las mejoras necesarias. Uno de los puntos clave a revisar es el sistema de listas de candidatos, un elemento que, de persistir la complejidad del proceso, llegó para quedarse y requiere una regulación específica.

El Presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, también se ha sumado al llamado a la reforma, instando a escuchar las voces de diversos actores, incluyendo a los consejeros del INE, la oposición, organismos internacionales y, sobre todo, a la ciudadanía. Al final del día, es el ciudadano quien sufre las consecuencias de las malas decisiones legislativas, un riesgo latente en la reforma judicial que no podemos ignorar.