La sombra de la duda se cierne sobre las recién concluidas elecciones judiciales. El Partido Acción Nacional (PAN), en una enérgica muestra de resistencia, no se quedará de brazos cruzados ante lo que consideran una flagrante violación a los principios democráticos. Desde el corazón del partido, las voces de Jorge Triana, vocero nacional, y Roberto Gil Zuarth, se alzan con fuerza para denunciar lo que califican como una "farsa judicial", plagada de irregularidades que ponen en tela de juicio la legitimidad del proceso. No se trata, afirman, de una simple discrepancia política, sino de una defensa a ultranza de la voluntad ciudadana, violentada, según sus argumentos, por una serie de anomalías que van desde el uso de los polémicos "acordeones" –mecanismos que, en su opinión, distorsionan la libre elección del votante– hasta la inexplicable discrepancia entre el número de votantes y los votos emitidos en diversas casillas. El fantasma de las "boletas planchadas" y una participación ciudadana inusualmente baja, casi rozando la apatía, completan un cuadro que, a ojos del PAN, dibuja un escenario de profunda preocupación para el futuro de la democracia en el país.

La estrategia del PAN, meticulosamente diseñada por su equipo jurídico, se centra en la impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Conscientes de los candados impuestos por la reciente Reforma Judicial, que limitan la capacidad de los partidos políticos para cuestionar los resultados electorales, el PAN ha optado por una vía legal innovadora: presentarse como "tercero interesado", amparados en la figura del "interés legítimo" reconocida por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Con esta audaz maniobra jurídica, buscan no solo invalidar lo que consideran una elección fraudulenta, sino también sentar un precedente que permita a la ciudadanía y a las fuerzas políticas ejercer un control efectivo sobre los procesos electorales, impidiendo que se conviertan en meros trámites controlados por el poder en turno.

La batalla legal apenas comienza, y el PAN se prepara para un enfrentamiento titánico. Cada irregularidad detectada, cada anomalía en el conteo de votos, cada evidencia del uso de los controvertidos "acordeones", será meticulosamente documentada y presentada ante el tribunal. Casillas con una participación que supera –inexplicablemente– el 100% del padrón electoral, boletas planchadas que representan un porcentaje significativo de los votos anulados, y candidaturas que obtuvieron, contra toda lógica, más del 100% de los sufragios, forman parte del arsenal de argumentos que el PAN esgrimirá en su lucha por la transparencia y la legitimidad electoral. La velocidad con la que se realizaron los conteos en algunas casillas, un tiempo que –según el PAN– hace humanamente imposible procesar la cantidad de votos registrados, se suma a la lista de irregularidades que exigen una explicación convincente por parte de las autoridades electorales. La correlación entre la distribución de los "acordeones" y los resultados de la elección en 15 entidades federativas, presentada por el PAN como una evidencia más de la manipulación del proceso, añade un nuevo capítulo a esta compleja trama electoral. El PAN está decidido a llegar hasta las últimas consecuencias, convencidos de que la defensa de la democracia es un deber ineludible para todos los ciudadanos y fuerzas políticas del país.