La indignación recorre las redes sociales como un reguero de pólvora. Un video, crudo y desgarrador, ha sacudido la conciencia colectiva al mostrar el presunto maltrato de una bebé en plena Plaza del Carmen, en el corazón de San Luis Potosí. La frialdad de la noche, alrededor de las 8:40, no fue suficiente para apagar el fuego de la violencia que se desató contra la pequeña, indefensa y vulnerable.

Las imágenes, que se han viralizado a una velocidad alarmante, muestran a una mujer, presuntamente la madre, empujando una carriola donde se encuentra la menor. No se limita a un simple empujón, sino que la agrede verbalmente con frases hirientes como “nadie te quiere”, palabras que laceran el alma y que, sin duda, dejarán profundas cicatrices emocionales en la pequeña. A la agresión verbal se suma la física, sacudiendo y golpeando a la bebé con una aparente frustración descontrolada. La impotencia se apodera de quienes ven el video, imaginando el terror que debe haber experimentado esa criatura.

La precariedad de la situación se agrava al observar que la menor, de aproximadamente dos años, viste únicamente un pañal y una camiseta, una vestimenta completamente inadecuada para las bajas temperaturas que se registraban esa noche. El llanto desconsolado de la niña, un grito silencioso de auxilio, se pierde en la inmensidad de la plaza, aunque afortunadamente, no para un testigo anónimo que, con valentía y responsabilidad cívica, decide grabar la escena y compartirla en redes sociales. Su objetivo es claro: identificar a la agresora y exigir justicia para la pequeña víctima.

La pregunta que resuena en la mente de todos es: ¿dónde estaban las autoridades? Hasta el momento, no se ha informado de ninguna intervención oficial por parte de la policía municipal, el DIF o la Fiscalía. La incertidumbre se cierne sobre el destino de la menor. ¿Ha sido resguardada? ¿Se ha presentado una denuncia formal? La sociedad exige respuestas, exige acciones concretas que garanticen la seguridad y el bienestar de la niña.

El artículo 343 Bis del Código Penal Federal, como una espada de Damocles, se cierne sobre la agresora. Este artículo, que tipifica el delito de violencia familiar, establece penas de seis meses a cuatro años de prisión, además de la pérdida del derecho de pensión alimenticia para quienes cometan actos de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial, económica o sexual contra una persona con la que se tenga un vínculo familiar. La severidad de la pena aumenta considerablemente si la víctima es una mujer embarazada, una adulta mayor o una persona con discapacidad. En este caso, la posible pena podría incrementarse hasta la mitad.

Más allá de la sanción legal, este caso nos obliga a reflexionar como sociedad. ¿Qué estamos haciendo para prevenir y erradicar la violencia contra la infancia? ¿Cómo podemos fortalecer las redes de apoyo para las familias en situación vulnerable? ¿Qué mecanismos podemos implementar para que los testigos de estos hechos se sientan seguros al intervenir y denunciar? El futuro de nuestros niños depende de las respuestas que encontremos a estas preguntas. La indignación que sentimos hoy debe transformarse en acciones concretas que protejan a los más vulnerables y construyan un futuro más justo y seguro para todos. El silencio nos hace cómplices. No podemos, ni debemos, mirar hacia otro lado.