La anulación de 37 triunfos en las elecciones judiciales ha desatado una tormenta en el panorama político mexicano. La falta del promedio mínimo de 8, un requisito aparentemente simple, ha desencadenado una cascada de consecuencias que ponen en tela de juicio no solo la rigurosidad del proceso de selección, sino también la responsabilidad de las instituciones involucradas. El Instituto Nacional Electoral (INE), en un acto que busca salvaguardar la integridad del sistema judicial, ha tomado la decisión de invalidar estos triunfos, abriendo un debate sobre la transparencia y la eficiencia en la evaluación de los candidatos.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha explicado que se revisarán los perfiles de los candidatos que quedaron en segundo lugar, buscando entre ellos a quienes sí cumplan con los requisitos. Esta medida, si bien busca una solución inmediata, plantea interrogantes sobre la preparación y la idoneidad de quienes podrían asumir estos importantes cargos. ¿Están realmente los segundos lugares en condiciones de ocupar las magistraturas? ¿Se realizó una evaluación exhaustiva de todos los candidatos desde un principio?

La polémica se agudiza al conocerse que 34 de los candidatos anulados no alcanzaron el promedio mínimo de 9 en su especialidad. Esto nos lleva a preguntarnos sobre la rigurosidad de los filtros aplicados durante el proceso de selección. ¿Cómo es posible que candidatos sin las calificaciones mínimas llegaran a ser considerados para tan altas responsabilidades? La consejera Carla Humphrey ha señalado directamente al Senado, acusándolo de no haber revisado adecuadamente los perfiles de los candidatos, lo que califica como una grave deficiencia. Esta acusación añade otra capa de complejidad al asunto, poniendo en entredicho la coordinación y la comunicación entre las diferentes instancias involucradas.

Más allá de la falta del promedio mínimo, se han detectado otras irregularidades que agravan aún más la situación. Expedientes mal integrados, dictámenes incompletos y documentos ilegibles son solo algunas de las fallas que han salido a la luz. Estas deficiencias, según la consejera Claudia Zavala, debieron ser detectadas desde un principio por los Comités de Evaluación de los tres Poderes. Su señalamiento de que el Consejo General del INE tuvo que asumir la responsabilidad de la revisión final deja entrever una falta de diligencia por parte de quienes debieron garantizar la transparencia y la correcta ejecución del proceso.

La anulación de estos 37 triunfos no es un simple tecnicismo. Es un reflejo de las fallas sistémicas que afectan a nuestros procesos de selección y que ponen en riesgo la calidad de nuestra justicia. La necesidad de una revisión exhaustiva de los mecanismos de evaluación y de una mayor transparencia en la información de los candidatos se hace evidente. El futuro de nuestro sistema judicial depende de la capacidad de las instituciones para aprender de estos errores y para garantizar que los cargos sean ocupados por las personas más capacitadas y con la mayor integridad. Este incidente debe servir como un llamado de atención para fortalecer nuestros procesos democráticos y asegurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. ¿Qué medidas se tomarán para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro? ¿Se implementarán mecanismos de control más rigurosos? Estas son las preguntas que exigen una respuesta inmediata y que determinarán la credibilidad del sistema judicial en los próximos años.