La libertad de prensa, pilar fundamental de cualquier democracia, se encuentra bajo un asedio sistemático y preocupante en México. El reciente caso del periodista Jorge Luis González Valdez, procesado en Campeche por el ambiguo cargo de “incitación al odio”, enciende las alarmas sobre una tendencia creciente a la represión y censura. La orden de cierre del periódico Tribuna y el embargo de bienes del periodista, un veterano con 50 años de trayectoria, no solo representan un ataque directo a su persona, sino un intento de silenciar voces críticas y disidentes. La prohibición impuesta a González Valdez de ejercer su profesión es una medida draconiana que atenta contra el derecho fundamental a la información y a la libre expresión.

Este caso, lamentablemente, no es un hecho aislado. Se inscribe en un patrón de hostigamiento y persecución a periodistas y medios de comunicación que se replica en todo el país. Desde Tamaulipas, donde Héctor de Mauleón enfrenta un proceso judicial que amenaza con prisión y una cuantiosa multa, hasta los numerosos articulistas nacionales perseguidos por cuestionar la narrativa oficial, el mensaje es claro: la crítica no será tolerada.

La asfixia económica también se utiliza como arma para silenciar a la prensa incómoda. La cancelación de publicidad gubernamental a editoriales críticas es una práctica extendida que busca debilitar financieramente a los medios independientes y coartar su capacidad de informar libremente. Esta estrategia, replicada por gobernadores de Morena a lo largo del país, demuestra una orquestación sistemática para controlar la narrativa pública.

La reciente aprobación en Puebla de una ley que castiga con cárcel las injurias y ofensas a través de las tecnologías de la información y comunicación, es un ejemplo más de la deriva autoritaria que se vive en el país. La ambigüedad de la ley, que se presta a múltiples interpretaciones y atropellos, genera un clima de incertidumbre y autocensura que atenta contra la libertad de expresión. La preocupación expresada por la Red de Periodistas de Puebla y la organización Artículo 19 es un llamado a la defensa de los derechos fundamentales.

La estrategia del régimen va más allá de la persecución judicial y la asfixia económica. La descalificación sistemática y el discurso de odio instaurado por el presidente López Obrador contra la prensa, crean un ambiente hostil que normaliza la violencia y la agresión contra los periodistas. La construcción de una narrativa victimista, que incluso llega a comparaciones con Madero, busca deslegitimar cualquier crítica y presentarla como un ataque personal.

La desaparición de más de 35 opinadores de prestigio de las principales cadenas nacionales de radio y televisión, contrasta con la exaltación y alabanza al régimen en los medios oficiales. Esta manipulación de la información y el control de los medios de comunicación son señales alarmantes que evidencian un intento de monopolizar la narrativa pública y silenciar las voces disidentes.

La próxima aprobación de 22 leyes, incluyendo la "ley censura" y la militarización de la seguridad, confirma la intención del régimen de controlar todos los ámbitos de la vida pública. Estas medidas, que recuerdan a regímenes autoritarios del pasado, son un llamado urgente a la defensa de la democracia y la libertad de expresión en México. La sociedad civil, las organizaciones defensoras de los derechos humanos y la comunidad internacional deben alzar la voz y exigir el respeto a la libertad de prensa y el cese de la persecución a periodistas. El futuro de la democracia en México está en juego.