La situación con Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, es a todas luces preocupante. No solo por la evidente contradicción entre su discurso "revolucionario" y su cómoda realidad económica, financiada con los impuestos de los mexicanos, sino también por la irresponsabilidad que implica azuzar a grupos radicales como la CNTE mientras el gobierno, incluyendo la propia SEP, busca la pacificación a través del diálogo. Es un juego peligroso que pone en riesgo la estabilidad social y educativa del país. ¿Cómo se puede pretender construir una "Nueva Escuela Mexicana" desde la insurgencia y la confrontación? ¿Qué tipo de mensaje se envía a los maestros y, sobre todo, a los alumnos, cuando se promueve la desobediencia y la violencia como métodos de lucha? La incongruencia es flagrante: Arriaga llama a la "dignidad del magisterio" mientras él mismo disfruta de un holgado salario y un estilo de vida que dista mucho de la realidad de la mayoría de los docentes. Su "solidaridad" con la CNTE se limita a las redes sociales, sin ensuciarse los zapatos en el plantón del Zócalo. Es una postura cínica que utiliza la retórica revolucionaria para justificar su propio beneficio.

La ironía es aún mayor cuando se contrasta su discurso con el contenido de los nuevos libros de texto, que, según las críticas, promueven la conformidad con la pobreza en lugar de la superación personal. ¿Es esa la "dignidad" que predica Arriaga? ¿Aceptar pasivamente la precariedad en lugar de luchar por un futuro mejor? Se trata de una visión distorsionada de la educación, que la reduce a una herramienta de adoctrinamiento ideológico en lugar de un motor de desarrollo individual y social. La educación no debe servir para "aceptar la realidad que les tocó vivir", sino para transformarla, para empoderar a las nuevas generaciones y brindarles las herramientas necesarias para construir un país más justo y próspero.

Y mientras Arriaga juega a la revolución desde su cómoda posición, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, se enfrenta a la cruda realidad de la rapiña tras el paso del huracán Erick. Una situación que pone de manifiesto la vulnerabilidad de la población ante los desastres naturales y la necesidad de una respuesta eficaz por parte de las autoridades. La declaración de López, sobre la rapiña como delito, refleja la complejidad del problema y la frustración ante la impunidad. ¿Cómo garantizar el orden y la seguridad en un contexto de emergencia? ¿Cómo prevenir el aprovechamiento de la desgracia ajena? Son preguntas que exigen soluciones concretas y no meros discursos. La realidad, como siempre, se impone a la ideología. Mientras algunos se enfrascan en debates teóricos y juegos de poder, otros luchan por sobrevivir y reconstruir sus vidas. Es una lección que Arriaga y otros funcionarios deberían aprender. La verdadera transformación social no se construye desde la comodidad del escritorio, sino desde el contacto directo con la gente y la resolución de sus problemas concretos.