La sombra de la duda se cierne sobre la elección de magistraturas de circuito y jueces de distrito. Lo que parecía un proceso transparente se ha convertido en un intrincado laberinto de irregularidades, poniendo en jaque la credibilidad del Instituto Nacional Electoral (INE) y la confianza en la justicia misma. La exigencia de un promedio mínimo de 8, un requisito aparentemente sencillo, se ha transformado en un escollo insalvable para varios candidatos ganadores. ¿Cómo es posible que, tras un proceso de selección riguroso, lleguen a la recta final aspirantes que no cumplen con un requisito tan básico? Esto nos lleva a cuestionar la eficacia de los filtros implementados y la exhaustividad de la revisión de los perfiles. ¿Se trata de una falla sistémica, de un descuido imperdonable o de algo más turbio?

La situación se agrava con la aparición de expedientes incompletos e incluso la existencia de candidatos con expedientes judiciales abiertos. ¿Qué tipo de señal enviamos a la ciudadanía si quienes imparten justicia tienen un pasado que los inhabilita para ejercerla? La justicia, por definición, debe ser ciega e imparcial, pero también debe ser ejercida por personas intachables, con una trayectoria que inspire confianza y respeto. Estos hallazgos plantean serias interrogantes sobre la transparencia del proceso y la idoneidad de los candidatos elegidos.

El INE, ante la avalancha de irregularidades, se ha visto obligado a declarar recesos y a aplazar la sesión para revisar minuciosamente cada expediente. La presión ejercida por consejeros como Carla Humphrey, quienes han alzado la voz para frenar la entrega de constancias de mayoría a candidatos que no cumplen con los requisitos, es un signo alentador. Demuestra que aún hay voces dentro del instituto comprometidas con la legalidad y la transparencia, dispuestas a defender la integridad del proceso electoral.

Sin embargo, la tardanza en la resolución y la incertidumbre que genera este escenario no hacen más que erosionar la confianza en la institución. La ciudadanía espera respuestas claras y contundentes. ¿Se investigarán a fondo las irregularidades detectadas? ¿Se sancionará a los responsables de estas fallas? ¿Se revisarán los mecanismos de selección para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro?

Más allá de la revisión de promedios y expedientes, este caso nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la fiscalización en los procesos democráticos. El tuit del INE, que hace referencia a la revisión de los recursos utilizados por las candidaturas, nos recuerda que la transparencia financiera es tan crucial como la idoneidad de los candidatos. ¿Existieron irregularidades en el financiamiento de las campañas? ¿Hubo presiones indebidas o intentos de influir en el resultado de la elección? Estas son preguntas que deben ser respondidas para garantizar la legitimidad del proceso.

La elección de magistraturas y jueces de distrito es un asunto de vital importancia para el país. De la calidad de quienes ocupan estos cargos depende la correcta impartición de justicia y la protección de los derechos de todos los ciudadanos. Por ello, es fundamental que el INE actúe con diligencia y transparencia, investigando a fondo las irregularidades detectadas y tomando las medidas necesarias para garantizar la integridad del proceso. El futuro de la justicia está en juego.