La sombra de la violencia vuelve a cernirse sobre Ecuador, dejando tras de sí el desgarrador eco de otra vida arrebatada. Jessica María Palma Manzaba, de tan solo 28 años, se convirtió en la víctima número 22 de feminicidio en lo que va del año en el distrito policial de Manta, una cifra escalofriante que nos obliga a reflexionar sobre la profunda crisis de seguridad que atraviesa el país. El brutal ataque, perpetrado a plena luz del día en un restaurante de la vía Montecristi-Portoviejo, nos recuerda la vulnerabilidad a la que se enfrentan las mujeres ecuatorianas, expuestas a la violencia machista en cada rincón de su cotidianidad. Siete disparos, siete marcas indelebles en la memoria colectiva, que claman por justicia y por un cambio radical en la forma en que abordamos esta lacra social.

El modus operandi, con sicarios llegando en motocicleta y huyendo tras el crimen, se repite con una frecuencia alarmante, dibujando un panorama de impunidad que alimenta el ciclo de violencia. La indignación de los colectivos feministas es palpable, sus voces se alzan en un coro unísono exigiendo que el caso de Jessica, al igual que los 21 anteriores, no queden en el olvido. No son solo números, son vidas truncadas, familias destrozadas y una sociedad que se desgarra ante la constante amenaza de la violencia de género. La urgencia de esclarecer estos crímenes y llevar a los responsables ante la justicia es ineludible, una deuda pendiente con las víctimas y una promesa de futuro para las nuevas generaciones.

La coincidencia del asesinato de Jessica con el de su hermano, propietario del mismo restaurante meses atrás, abre un abanico de interrogantes que las autoridades deben abordar con celeridad y transparencia. ¿Existe una conexión entre ambos crímenes? ¿Se trata de un ajuste de cuentas, como sugieren algunos medios locales, o hay otros factores en juego? La falta de información oficial solo alimenta la especulación y la incertidumbre, generando un clima de desconfianza hacia las instituciones encargadas de velar por la seguridad ciudadana.

El análisis de las cámaras de seguridad y la recolección de testimonios son pasos cruciales en la investigación, pero la velocidad con la que se llevan a cabo es fundamental para evitar que las pistas se enfríen y los responsables logren evadir la justicia. La motocicleta utilizada por los sicarios, identificada como un elemento clave, sigue sin ser localizada, un recordatorio de los desafíos que enfrentan las fuerzas del orden en un contexto de creciente violencia.

En las redes sociales, el clamor por justicia se mezcla con la indignación y la frustración. Cientos de usuarios expresan su dolor y su rabia ante un gobierno que, según denuncian, parece más preocupado por otros temas que por la seguridad de sus ciudadanos. Las críticas a la gestión de la crisis de seguridad son contundentes, reflejando el sentimiento de abandono y vulnerabilidad que experimenta una parte importante de la población. "¿Hasta cuándo?", se preguntan muchos, exigiendo acciones concretas que pongan fin a esta espiral de violencia. El feminicidio de Jessica no es un caso aislado, es un síntoma de una enfermedad social que requiere un tratamiento urgente y efectivo. La sociedad ecuatoriana exige respuestas, exige justicia, exige un futuro donde las mujeres puedan vivir sin miedo.