La reciente declaración de la Presidenta Claudia Sheinbaum en contra de la censura, a raíz de la polémica ley poblana, abre un debate crucial sobre los límites de la libertad de expresión en la era digital. Su firme postura, expresada en la mañanera del 18 de junio, reafirma un principio fundamental de la democracia: el derecho a la libre manifestación de las ideas. Sin embargo, la complejidad del tema radica en el delicado equilibrio que debe existir entre este derecho y la protección contra los abusos que se pueden cometer a través de las plataformas digitales.

La ley de Puebla, que sanciona el "ciberacoso" con penas de hasta 11 años de prisión, ha generado una ola de críticas y preocupaciones. Colectivos, periodistas y usuarios de redes sociales alzan la voz, argumentando que la ambigüedad en la definición del ciberacoso podría ser utilizada para silenciar voces disidentes y criminalizar la crítica legítima. La línea que separa un insulto de una opinión crítica, especialmente en el efervescente mundo virtual, es a menudo difusa y susceptible a interpretaciones subjetivas. ¿Cómo garantizar que esta ley no se convierta en una herramienta de represión política o de censura disfrazada?

La preocupación se intensifica con la consideración especial que la ley otorga a los menores de edad. Si bien es indudable la necesidad de proteger a los más vulnerables de los ataques y el acoso en línea, la presunción de daño a la dignidad de un menor, sin una evaluación individualizada del caso, plantea serias dudas sobre la proporcionalidad de la medida. ¿Podría esta disposición llevar a la criminalización de expresiones que, si bien podrían considerarse inapropiadas, no constituyen un verdadero acoso? El debate sobre la educación digital y la responsabilidad parental en el uso de las redes sociales adquiere, en este contexto, una relevancia aún mayor.

Es innegable que el ciberacoso es un problema real que requiere atención y soluciones. Las redes sociales, si bien son un espacio para la libre expresión y la conexión, también pueden convertirse en un caldo de cultivo para la violencia, la difamación y el hostigamiento. La pregunta clave es: ¿cómo combatir este fenómeno sin sacrificar la libertad de expresión? ¿Es la vía penal la más adecuada o existen alternativas más eficaces, como la mediación, la educación digital y la promoción de una cultura de respeto en línea?

La postura de la Presidenta Sheinbaum pone de manifiesto la necesidad de un diálogo nacional sobre la regulación del espacio digital. Un diálogo que involucre a todos los actores: gobierno, sociedad civil, expertos en tecnología y, por supuesto, a los propios usuarios de las redes sociales. El objetivo debe ser encontrar un marco legal que proteja a las víctimas del ciberacoso sin comprometer la libertad de expresión, un derecho fundamental que constituye la piedra angular de cualquier sociedad democrática. El camino hacia una internet más segura y respetuosa requiere un enfoque integral que combine la legislación, la educación y la promoción de la responsabilidad individual. El debate está abierto y la búsqueda de soluciones justas y equilibradas es un desafío que nos compete a todos.