Un manto de sospecha se cierne sobre la gestión del agua en San Luis Potosí. La plataforma Ciudadanos Observando ha destapado una presunta trama de irregularidades que involucra al gobierno municipal, encabezado por Enrique Galindo, y a la empresa Grupo Saserro, ligada al exgobernador panista Marcelo de los Santos. Se habla de sobreprecios millonarios, contratos amañados y un posible perjuicio al erario público que asciende a 84 millones de pesos. La investigación, meticulosamente documentada con solicitudes de información vía Transparencia, revela un entramado de decisiones cuestionables que han disparado las alarmas ciudadanas.

El foco de la controversia se centra en el exorbitante precio pagado por el ayuntamiento y el organismo operador de agua potable Interapas, también presidido por Galindo, a Grupo Saserro por el suministro de agua en pipa. Según Ciudadanos Observando, el costo acordado de 56 pesos más IVA por metro cúbico representa un sobreprecio del 32% en comparación con los precios de mercado, estimados entre 41.48 y 46.66 pesos más IVA, según consultas realizadas a contratistas del sector. Esta diferencia, multiplicada por el volumen de agua suministrada entre 2022 y 2024, se traduce en una posible malversación de fondos públicos de magnitud considerable.

La licitación MSLO-31-2022, piedra angular de este presunto fraude, presenta diversas anomalías que refuerzan las sospechas. Se solicitaron cotizaciones para 25 pipas, a pesar de que el anexo técnico solo requería 15, una discrepancia que levanta interrogantes sobre la verdadera necesidad del servicio. Además, la descalificación del segundo postor sin una justificación clara y la ausencia de un análisis de la propuesta ganadora sugieren un proceso a la medida de Grupo Saserro, limitando la competencia y favoreciendo la adjudicación del contrato a un precio inflado.

La trama se complica aún más con el posterior incremento del precio del metro cúbico de agua. A escasos 20 días de la adjudicación del contrato, el precio se elevó de 56 a 68 pesos, una subida injustificada que contrasta con el precio promedio del mercado en junio de 2024, que no superaba los 62 pesos más IVA. Este aumento, sumado al sobreprecio inicial, agrava el presunto daño patrimonial y plantea serias dudas sobre la transparencia y la legalidad de la gestión del agua en la capital potosina.

Pero la revelación más escandalosa es la aparente facturación fraudulenta por parte de Grupo Saserro. Según la investigación, Interapas no cobró a la empresa el agua suministrada, pero Saserro la facturó como si la hubiera pagado, inflando aún más los costos. Este hecho, de confirmarse, constituiría un acto de grave corrupción que exige una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes.

La ciudadanía potosina espera respuestas claras y contundentes ante estas graves acusaciones. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de un gobierno democrático, y es imperativo que se esclarezcan las irregularidades denunciadas por Ciudadanos Observando. El futuro del agua en San Luis Potosí y la confianza en las instituciones dependen de ello. El silencio de las autoridades solo alimenta la incertidumbre y la indignación. Es hora de que se asuman responsabilidades y se tomen las medidas necesarias para garantizar la correcta gestión de los recursos públicos y el acceso al agua para todos los ciudadanos.