La sombra de la duda se cierne sobre la legitimidad del Poder Judicial tras las elecciones del pasado 2 de junio. Un proceso electoral marcado por la apatía ciudadana, donde apenas un 8% de los votantes eligieron a quienes impartirán justicia en nuestro país, deja un sabor amargo y un manto de incertidumbre sobre el futuro de la democracia mexicana. Más allá de las cifras oficiales, se percibe un trasfondo de manipulación, una orquestación desde las altas esferas del poder que busca controlar uno de los pilares fundamentales de cualquier Estado de Derecho: la independencia del Poder Judicial.

La denominada "farsa de los acordeones" ha resonado con fuerza en el debate público. La presencia de listas predefinidas con candidatos afines a la 4T, que casualmente resultaron ganadores en su mayoría, levanta serias sospechas sobre la transparencia y la imparcialidad del proceso. Si bien el INE validó la elección, las voces disidentes dentro del propio Consejo apuntan a irregularidades flagrantes. La anulación de cientos de casillas por anomalías, incluyendo la presencia de estos "acordeones", no ha sido suficiente para disipar las dudas sobre la legitimidad de los resultados.

Un análisis más profundo nos lleva a cuestionar la influencia de los programas sociales en la decisión del electorado. ¿Es casualidad que un alto porcentaje de los votantes coincida con los beneficiarios de programas gubernamentales? La posible instrumentalización de la necesidad para fines políticos es un tema delicado que amerita una investigación exhaustiva. La democracia no puede construirse sobre la base de la coacción o el intercambio de favores, sino sobre la libre y consciente participación ciudadana.

La baja participación ciudadana, sumada a los votos nulos, reduce aún más el porcentaje de la población que legítimamente eligió a los nuevos jueces, magistrados y ministros. Nos enfrentamos a un escenario donde una minoría impone su voluntad sobre la mayoría, lo cual pone en riesgo el equilibrio de poderes y la salud de nuestra democracia.

Desde el inicio, la oposición alertó sobre las trampas ocultas en la reforma judicial. Filtros diseñados para manipular el proceso desde la convocatoria hasta la creación del Tribunal de Disciplina, un mecanismo que podría ser utilizado para silenciar a aquellos jueces que se desvíen de la línea oficial. La autonomía del Poder Judicial, garantía de justicia imparcial, se ve seriamente amenazada.

El 2 de junio no solo fue testigo de una baja participación ciudadana, sino también de un despliegue de prácticas antidemocráticas que empañan la credibilidad de las instituciones. Es urgente replantear el rumbo y fortalecer los mecanismos que garanticen elecciones libres y transparentes. El futuro de la democracia en México depende de ello.