La migración, un fenómeno en constante evolución, nos interpela a adaptarnos y a replantear nuestras estrategias de atención. Si bien celebramos la disminución del flujo migratorio en un 90%, no podemos caer en la complacencia. Es crucial comprender que la reducción de las cifras no implica la desaparición del problema. De hecho, esta nueva realidad, marcada por una diversificación de los perfiles migratorios y por nuevas rutas, exige una mayor inversión y una legislación actualizada que refleje la complejidad del fenómeno.

Como bien señaló Jeremy Mac Gillivray, Jefe de la misión Adjunto de la Organización Internacional para las Migraciones, las buenas intenciones plasmadas en políticas públicas y programas son insuficientes si no se acompañan de los recursos necesarios. El presupuesto asignado a la atención de la migración debe ser revisado y aumentado, asegurando que refleje las necesidades reales sobre el terreno. Además, es fundamental involucrar en el proceso de asignación presupuestaria a todas las partes implicadas: el Instituto Nacional de Migración, el sector privado, las autoridades locales e incluso las organizaciones internacionales que trabajan con la población migrante. Solo a través de un diálogo constructivo y una colaboración estrecha entre los diferentes actores podremos optimizar el uso de los recursos y garantizar una atención integral a las personas migrantes.

La Ley de Migración de 2011, concebida en un contexto migratorio distinto, se ha quedado obsoleta. La realidad actual, marcada por la presencia de migrantes de más de 150 nacionalidades, con perfiles que van desde familias con niños hasta profesionales altamente cualificados, exige una revisión exhaustiva de la legislación vigente. La nueva ley debe contemplar la diversidad de perfiles, garantizando la protección de los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente de su origen, y ofreciendo vías legales y seguras para la migración. Es necesario trascender la visión simplista que reduce la migración a un problema de seguridad nacional y abordarla desde una perspectiva humanitaria, reconociendo el aporte positivo que los migrantes pueden hacer a la sociedad mexicana.

La reforma migratoria que necesitamos debe ser, como bien lo expresó el diputado Diego Ángel Rodríguez, una reforma "con rostro humano". Una reforma que priorice la dignidad de las personas migrantes, que reconozca sus derechos y que les ofrezca oportunidades para integrarse plenamente a la sociedad. Para lograr este objetivo, es esencial la participación activa de la sociedad civil, las organizaciones religiosas y todas las instituciones que trabajan con la población migrante. Sus experiencias y conocimientos son invaluables para construir una legislación que responda a las necesidades reales y que garantice una atención integral y humanitaria.

México, tradicionalmente un país de tránsito, se está convirtiendo, gracias a las políticas humanistas del Gobierno Federal, en un país de destino y de retorno. Como señaló Rosa Irene Urbina, la frontera sur, antes vista como un punto de paso, se está transformando en un lugar donde los migrantes encuentran oportunidades de trabajo y una vida digna. Este cambio de paradigma nos obliga a replantear nuestras estrategias de integración, ofreciendo a los migrantes las herramientas necesarias para que puedan contribuir al desarrollo económico y social del país. Es preciso crear programas de apoyo que faciliten su acceso a la vivienda, la educación, la salud y el empleo, promoviendo su inclusión plena en la sociedad mexicana. La migración, lejos de ser un problema, puede ser una oportunidad para enriquecer nuestro país, tanto cultural como económicamente. Debemos aprovechar esta oportunidad y construir un México inclusivo y solidario, donde todos tengan la posibilidad de alcanzar sus sueños.