La firma del Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla ha desatado una ola de controversia en el sector agroalimentario mexicano. Si bien el objetivo de reducir el precio de este alimento básico es loable, la forma en que se ha presentado y su contenido han generado más dudas que certezas. La falta de un diálogo amplio y representativo, la ausencia de incentivos reales para los productores y la limitada cobertura geográfica del acuerdo son algunos de los puntos que han levantado ampollas entre los actores involucrados.

Es innegable la necesidad de buscar soluciones ante la persistente inflación que afecta el bolsillo de las familias mexicanas. Sin embargo, la experiencia del PACIC en 2022 nos recuerda que los controles de precios sin medidas estructurales de fondo son parches temporales que rara vez ofrecen resultados sostenibles. La historia nos enseña que las políticas aisladas, sin un enfoque integral que considere las complejidades del mercado, tienden a generar distorsiones y a fomentar la informalidad, perjudicando a largo plazo a los mismos que se pretende proteger.

La firma del acuerdo con algunos productores de Michoacán, Sinaloa y Guanajuato, e industriales ligados a grandes empresas, mientras se excluye a estados clave en la producción de maíz como Tamaulipas, Sonora, Zacatecas, Jalisco, Baja California, Chiapas, Oaxaca y Chihuahua, revela una preocupante falta de representatividad. La manifestación convocada por los representantes de estos estados frente a la Secretaría de Gobernación es un claro síntoma del descontento y la necesidad de ser escuchados.

Las voces de Rubén Montalvo, del Consejo Rector de la Tortilla, y Homero López, de la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla, resuenan con fuerza al advertir que el acuerdo no prosperará sin incentivos reales para los pequeños negocios, que operan con márgenes mínimos. ¿Cómo se puede pretender bajar el precio de la tortilla si los costos de producción se incrementan y las condiciones climáticas, como la sequía que afecta al norte del país, amenazan con reducir la producción nacional de maíz?

A este complejo panorama se suman las consecuencias de la sequía: la previsible caída en la producción de maíz, el aumento de las importaciones y los problemas de sanidad animal que han llevado al cierre de la frontera con Estados Unidos para las exportaciones ganaderas. Todos estos factores deben ser considerados en un diagnóstico integral para poder abordar la problemática del precio de la tortilla con seriedad y eficacia.

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) ha insistido en la urgencia de implementar políticas que fortalezcan al sector, como el financiamiento a pequeños productores, precios de garantía regionalizados y mejoras en la logística de distribución para reducir márgenes innecesarios. Estas propuestas, que buscan atacar las raíces del problema, merecen ser analizadas y discutidas con la participación de todos los actores involucrados.

En lugar de imponer acuerdos a puerta cerrada, es fundamental construir un diálogo inclusivo y transparente que involucre a productores, industriales, consumidores y autoridades. La clave para lograr una reducción sostenible del precio de la tortilla radica en impulsar políticas integrales que contemplen el acceso al agua para la producción, la ampliación de la cobertura de seguros agrícolas y estímulos para los pequeños productores. Solo escuchando al campo y a sus productores, en cuyas manos nace el grano que alimenta a México, podremos encontrar soluciones justas y duraderas. La tortilla, símbolo de nuestra identidad culinaria, merece un futuro seguro y accesible para todos.