La encrucijada mexicana se presenta hoy como un dilema dual: la búsqueda de una justicia interna a través de la reforma judicial, y la necesidad de una justicia externa en la gestión de la crisis migratoria. Ambas caras de la misma moneda, la construcción de un Estado sólido y confiable, se tambalean ante la incertidumbre.

El clamor por una justicia más democrática resuena en la propuesta de elegir jueces por voto popular. Sin embargo, la legitimidad del sistema no reside únicamente en la forma de elección, sino en la imparcialidad y la capacidad de quienes imparten justicia. ¿Es la urna la garantía de un juez íntegro? ¿O acaso la politización del poder judicial se agudizará con esta medida? La verdadera transformación radica en el funcionamiento del sistema, en la independencia y la preparación de los jueces, no en el método de selección. Un juez elegido por el pueblo debe ser un garante de la ley, no un instrumento político. La justicia no puede ser un trofeo de campaña, sino un pilar fundamental del Estado de Derecho.

Mientras tanto, en las fronteras, la crisis migratoria expone la fragilidad de nuestras instituciones. La ley se aplica con una discrecionalidad alarmante, sujeta a las presiones políticas y a los vaivenes internacionales. Cada migrante detenido sin las garantías debidas, cada deportación forzosa, cada historia silenciada, es una herida abierta en el tejido de nuestro Estado de Derecho. ¿Estamos construyendo un país que respeta los derechos humanos o uno que los vulnera en nombre de la seguridad nacional? La respuesta a esta pregunta definirá no solo nuestro presente, sino también nuestro futuro como nación.

La incertidumbre es la constante en este escenario complejo. No hay garantías de que la reforma judicial logre sus objetivos ni de que la política migratoria sea efectiva. Solo el tiempo y la vigilancia ciudadana podrán determinar si estas decisiones fortalecen o debilitan al Estado. La realidad, implacable y alejada de la propaganda política, será la que emita el veredicto final.

La justicia, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, se encuentra en crisis. No por la ausencia de leyes, sino por la incapacidad de aplicarlas con equidad y coherencia. Necesitamos jueces valientes, inmunes a la presión política, y autoridades migratorias que comprendan la dimensión humana de la crisis. Necesitamos, en definitiva, un Estado que proteja los derechos de todos, sin importar su origen o condición.

El debate es urgente e impostergable. No podemos seguir aplazando las discusiones sobre el sistema de justicia y la política migratoria. Cuando la justicia falla en el interior, el crimen avanza; cuando falla en el exterior, el miedo se impone a la dignidad. Sin jueces confiables, la ley pierde su valor. La construcción de un México justo y equitativo depende de la respuesta que demos a estos desafíos. ¿Qué futuro queremos construir? La respuesta, en última instancia, está en nuestras manos.