La incertidumbre en torno al acceso a la vivienda en México ha generado un intenso debate público en las últimas semanas. El anuncio del Infonavit, liderado por Octavio Oropeza, sobre la posibilidad de que ocupantes de viviendas abandonadas puedan acceder a créditos para adquirirlas ha suscitado tanto esperanza como controversia. La propuesta, que busca regularizar la tenencia de miles de hogares y darles una oportunidad a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad habitacional, se ha topado con la necesidad de garantizar el respeto a la legalidad y la propiedad privada.

La aclaración emitida por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha sido fundamental para comprender los alcances de esta iniciativa. La precisión de que el programa solo aplicará en casos donde no exista una denuncia por allanamiento establece un límite crucial, protegiendo los derechos de los propietarios legítimos y evitando que el programa se convierta en una vía para la legalización de ocupaciones ilegales. Este punto es esencial para mantener la confianza en el sistema judicial y en el respeto a la propiedad privada, pilares fundamentales de un Estado de Derecho.

Si bien la intención del Infonavit es loable, la implementación de este programa requiere una meticulosa revisión de cada caso. Es indispensable contar con mecanismos eficientes para verificar la existencia o no de denuncias previas, así como para determinar la situación legal de cada propiedad. La transparencia en este proceso será fundamental para evitar posibles abusos y garantizar la equidad en la aplicación del programa. Se necesita, además, una campaña informativa clara y accesible para que tanto los potenciales beneficiarios como la población en general comprendan los requisitos y los límites de esta iniciativa.

La problemática de la vivienda abandonada es un desafío complejo que requiere soluciones integrales. Más allá de la regularización de la tenencia, es necesario abordar las causas que originan el abandono de las propiedades, como la falta de acceso a servicios básicos, la inseguridad o la especulación inmobiliaria. El programa Regeneración Comunitaria del Infonavit, con su enfoque en la recuperación de viviendas en mal estado, representa un paso importante en esta dirección. No obstante, su éxito dependerá de la colaboración entre diferentes instancias gubernamentales, la participación de las comunidades y la inversión en infraestructura y servicios.

La situación actual exige un diálogo abierto y constructivo entre todos los actores involucrados: autoridades, propietarios, ocupantes y organizaciones de la sociedad civil. Solo a través del consenso y la búsqueda de soluciones justas y equitativas será posible garantizar el derecho a una vivienda digna para todos los mexicanos, sin comprometer la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada. El camino hacia una solución definitiva es largo y complejo, pero el compromiso con el diálogo y la transparencia son los primeros pasos para construir un futuro más justo y habitable para todos. El Infonavit tiene la oportunidad de ser un agente de cambio en este proceso, siempre que actúe con responsabilidad y apego a la legalidad. El futuro de la vivienda en México depende de ello.