La tensa calma que se respira en el Istmo de Tehuantepec es palpable. Tras los violentos sucesos del lunes, la incertidumbre se ha apoderado de la población. El eco de las detonaciones y las llamas que consumieron dos establecimientos comerciales aún resuenan en la memoria colectiva, un crudo recordatorio de la fragilidad de la paz. La suspensión de clases decretada por el IEEPO y la Sección 22 de la CNTE no es más que una muestra de la gravedad de la situación. Padres de familia, docentes y alumnos se enfrentan a la disyuntiva entre el derecho a la educación y la imperiosa necesidad de proteger sus vidas.

Más allá de los comunicados oficiales, se percibe un profundo temor en la comunidad. Las calles, usualmente bulliciosas y llenas de vida, ahora lucen semidesiertas. El cierre de negocios y la suspensión del transporte público han paralizado la actividad económica y social de la región. Las familias se resguardan en sus hogares, pendientes de las noticias y de los rumores que corren como reguero de pólvora. Se habla de amenazas, de posibles represalias, de un clima de inseguridad que se ha ido gestando durante meses y que finalmente ha estallado.

La presencia de la Guardia Nacional, la Marina, el Ejército y las policías Estatal y Municipal, lejos de tranquilizar, parece acentuar la sensación de zozobra. Los operativos, aunque necesarios, son un recordatorio constante de la violencia que se pretende combatir. La pregunta que todos se hacen es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo las familias del Istmo tendrán que vivir con miedo? ¿Hasta cuándo la educación y el desarrollo de la región estarán supeditados a los intereses de grupos violentos?

La Sección 22 de la CNTE, en su comunicado, no solo repudia la violencia, sino que exige a las autoridades garantías de seguridad para la población. Una exigencia legítima, que pone de manifiesto la frustración y la indignación de un pueblo cansado de ser víctima de la delincuencia. La suspensión de las corridas de autobuses, por las presuntas amenazas recibidas por los transportistas, agrega un nuevo elemento de preocupación. El aislamiento de la región, de por sí vulnerable, se agudiza, dificultando aún más el acceso a bienes y servicios esenciales.

Es urgente que las autoridades implementen medidas efectivas para restablecer el orden y la seguridad en el Istmo. No se trata solo de desplegar fuerzas de seguridad, sino de atender las causas profundas de la violencia. Es necesario invertir en desarrollo social, generar empleos y fortalecer las instituciones de justicia. Solo así se podrá construir una paz duradera y garantizar el bienestar de las familias oaxaqueñas. Mientras tanto, la incertidumbre y el miedo siguen siendo los protagonistas de esta triste historia. La esperanza, sin embargo, se mantiene viva, en la resistencia de un pueblo que se niega a ser vencido por la violencia.