La historia de Samantha y su hermana ha encendido las alarmas en redes sociales, despertando una ola de indignación y solidaridad. Su valiente testimonio nos confronta con una realidad desgarradora: la impunidad que, en ocasiones, parece amparar a los agresores sexuales, especialmente cuando se trata de menores. El relato de estas jóvenes nos muestra la frustración y el dolor de quienes, buscando justicia, se enfrentan a un sistema que parece diseñado para silenciarlas. Samantha, con una entereza admirable, ha decidido romper el silencio y alzar la voz, no solo por ella y su hermana, sino por todas las víctimas que, presas del miedo y la desconfianza, no se atreven a denunciar.

Su caso, que se remonta a abusos presuntamente ocurridos entre 2013 y 2017, pone en evidencia las fallas de un sistema que debería proteger a los más vulnerables. ¿Cómo es posible que, a pesar de las carpetas de investigación abiertas desde 2021, el presunto agresor, Jorge “N”, continúe impartiendo clases a niños y jóvenes en Escobedo? Esta pregunta, que resuena en la mente de muchos, nos obliga a reflexionar sobre la eficacia de nuestros mecanismos de protección a la infancia.

La denuncia de Samantha no se limita a señalar al presunto agresor, sino que también apunta a la inoperancia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. La joven señala directamente a dos fiscales que, según su testimonio, han ignorado sus peticiones, permitiendo que las audiencias se aplacen una y otra vez. Este tipo de dilaciones, lejos de ser simples trámites burocráticos, representan un nuevo golpe para las víctimas, que ven cómo se prolonga su sufrimiento y se les niega el acceso a la justicia.

El video que Samantha compartió en TikTok, y que se ha viralizado rápidamente, es un llamado a la acción. No se trata solo de una denuncia individual, sino de una exigencia colectiva para que se garantice la seguridad de nuestros niños y jóvenes. Es una invitación a la sociedad a no ser cómplice del silencio, a estar atentos a las señales de alerta y a apoyar a quienes se atreven a denunciar.

La lucha de Samantha y su hermana es la lucha de muchas otras víctimas que esperan que sus voces sean escuchadas. Es la lucha por un sistema judicial que realmente proteja a los más vulnerables y que no permita que la impunidad se convierta en la norma. Es la lucha por un futuro donde la justicia no sea un privilegio, sino un derecho para todos. Compartamos su historia, amplifiquemos su voz y exijamos justicia. No podemos permitir que el miedo silencie a las víctimas y que los agresores sigan impunes. El caso de Samantha y su hermana es un recordatorio de que la justicia no se negocia y que la protección de la infancia es una responsabilidad de todos.