La historia migratoria entre México y Estados Unidos es un tejido complejo, entrelazado con hilos de esperanza, trabajo arduo, discriminación y lucha constante. No podemos comprender la realidad actual sin mirar hacia atrás, sin reconocer los ciclos que se repiten, las políticas que marcan a generaciones enteras. Desde los braceros, que dejaron sus hogares y familias para contribuir a la economía estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, hasta los dreamers, que crecieron bajo la sombra de la incertidumbre legal, la narrativa migratoria es una historia de resiliencia humana.

Recordemos la ironía cruel de la Operación Espalda Mojada, que deportó a miles, incluyendo a braceros que habían contribuido legalmente, manchando con la injusticia el sacrificio de quienes buscaban un futuro mejor. Esta operación, impregnada de un racismo latente, no solo destrozó familias, sino que sembró la desconfianza y el resentimiento entre dos naciones que comparten una frontera y un destino inevitablemente entrelazado.

El endurecimiento de las fronteras en los años noventa no solo levantó muros físicos, sino también muros de indiferencia. El aumento en las muertes de migrantes en su intento por cruzar por zonas cada vez más peligrosas es un testimonio desgarrador de la desesperación que impulsa a las personas a arriesgarlo todo en busca de una vida digna. La ley IIRIRA de 1996, con su enfoque punitivo, demostró que la criminalización de la migración no resuelve el problema, sino que lo agrava, separando familias y perpetuando un ciclo de injusticia.

El programa DACA, una luz de esperanza para los jóvenes soñadores, permitió a miles de ellos acceder a la educación y al trabajo, contribuyendo al desarrollo y al enriquecimiento cultural de Estados Unidos. Sin embargo, la fragilidad de este programa y la amenaza constante de su revocación mantienen a los dreamers en un limbo legal, impidiéndoles planificar su futuro con la seguridad que merecen.

Las políticas de "Tolerancia Cero" de la administración Trump fueron una herida profunda en la conciencia colectiva. La separación de familias en la frontera, con niños arrancados de los brazos de sus padres, fue un acto de crueldad inhumana que dejó cicatrices imborrables. El Título 42, utilizado como pretexto durante la pandemia, negó el derecho al asilo a miles de personas, vulnerando las leyes internacionales y dejando a muchos a merced de la violencia y la incertidumbre en sus países de origen.

Si bien la administración Biden ha intentado revertir algunas de estas políticas, la necesidad de una reforma migratoria integral sigue siendo urgente. La crisis actual, con trabajadores, incluso residentes legales, viviendo bajo el temor constante de la deportación, demuestra que las soluciones superficiales no son suficientes.

Es imperativo un diálogo franco y respetuoso que reconozca la importancia de la migración en la historia y el desarrollo económico de América del Norte. Necesitamos una reforma migratoria que proteja los derechos humanos de los migrantes, que ofrezca vías legales para la migración, y que promueva la cooperación regional para compartir la responsabilidad de la atención a los migrantes en los países de origen, tránsito y destino.

Los migrantes no son una amenaza, son personas que buscan un futuro mejor para sí mismos y para sus familias. Son parte integral del tejido social y económico de nuestros países. Reconocer su dignidad y sus derechos es un imperativo moral y una necesidad para construir un futuro más justo y próspero para todos. No podemos seguir repitiendo los errores del pasado. Es hora de construir un futuro basado en la empatía, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos.