La pestilencia de la corrupción se extiende por los pasillos del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, asfixiando la promesa de educación y progreso. No se trata de simples rumores, sino de un coro de voces valientes que se alzan para denunciar la impunidad que reina bajo el liderazgo de Carlos Manuel López Alvarado, un director cuya maestría en pedagogía parece haber sido eclipsada por la maestría en el abuso de poder. Los testimonios, convertidos en expedientes, pintan un panorama desolador donde los despidos injustificados y la violencia laboral son el pan de cada día.

El caso de Thelma Galindo López, encargada del área de Servicio Social, es un ejemplo lacerante. Su denuncia por violencia de género, lejos de encontrar eco en la institución, fue respondida con la coerción y la amenaza, obligándola a firmar su propia renuncia. Un acto que revela la perversa lógica que impera en la cúpula directiva: castigar a quien osa desafiar el silencio cómplice y premiar a quienes se pliegan a la voluntad del director. El caso de Wendy Cervantes refuerza este patrón de impunidad, sus alertas sobre los turbios manejos financieros y los maltratos perpetrados por Mirza Noemí Salinas Escamilla, funcionaria clave en el esquema de desvíos, fueron ignoradas con la misma desfachatez.

La podredumbre no se limita al maltrato laboral, sino que se extiende hasta las arcas públicas. La Subdirección de Servicios Administrativos, bajo la dirección de la misma Mirza Noemí Salinas Escamilla, se ha convertido en la pieza clave de un engranaje corrupto que desvía recursos a través de contratos inflados y adjudicaciones directas a la empresa CH Construcciones, propiedad de Eziquio Cuevas Oropeza. Un esquema tan simple como efectivo: inflar los contratos, recibir la devolución de los excedentes y simular la legalidad del proceso. Una burla al erario público y una traición a la confianza depositada en la institución.

Mientras tanto, en los recintos del Instituto Nacional Electoral (INE) se libra otra batalla, una lucha interna que amenaza con socavar la credibilidad de la institución. Consejeros como Claudia Zavala, Jaime Rivera, Martín Faz y Carla Humphrey, tejen sus estrategias en la sombra, alejados de la transparencia que debería caracterizar su labor. Reuniones clandestinas, cabildeos oscuros y una narrativa crítica contra el proceso de elección popular de jueces, magistrados y ministros, son las armas que emplean en su cruzada. Una cruzada que carece de sustento, de pruebas concretas que justifiquen sus cuestionamientos.

No se trata de un debate técnico o jurídico, sino de una maniobra política orquestada para desestabilizar el liderazgo de Guadalupe Taddei. Una jugada que, coincida o no con la reforma, pone en riesgo la integridad del INE. Los técnicos y funcionarios de carrera observan con preocupación cómo este grupo de consejeros busca sembrar la discordia y erosionar la confianza en el proceso electoral.

Y tras bambalinas, la sombra alargada de Lorenzo Córdova, el ex consejero presidente, mueve los hilos de la disidencia. Convertido en uno de los más acérrimos opositores a la Reforma Judicial, Córdova parece orquestar la rebelión interna desde las sombras, utilizando a sus antiguos aliados como peones en su juego de poder. Un juego peligroso que amenaza con incendiar al INE desde adentro. Fuego amigo, le llaman. Un fuego que consume la credibilidad y la confianza en las instituciones.