La infancia, un territorio a menudo percibido como ajeno a la complejidad del derecho, se revela como un espacio crucial para la aplicación de principios fundamentales, especialmente en el contexto de la evolución del sistema jurídico mexicano. A partir de 2011, con la reforma constitucional que da primacía a los derechos humanos contemplados en tratados internacionales, se abre un nuevo panorama para la comprensión y aplicación de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Tradicionalmente, la percepción de la infancia como una etapa de desarrollo incompleta, sujeta a la tutela de padres o figuras adultas, ha llevado a una visión limitada de su capacidad de agencia y participación en la vida social y política. Sin embargo, este enfoque tradicional choca con la realidad de un marco jurídico que reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, no solo pasivos receptores de protección, sino también actores capaces de ejercerlos.

La interrogante clave radica en cómo conciliar la inherente vulnerabilidad de la infancia con su derecho a la participación y la autonomía. Si bien es cierto que niñas, niños y adolescentes comparten los derechos universales de cualquier persona, también tienen necesidades específicas derivadas de su etapa de desarrollo. Su forma de relacionarse con el mundo, su proceso de maduración cognitiva y emocional, demandan una protección diferenciada, una atención particular por parte del Estado y la sociedad en su conjunto.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el reconocimiento del principio de autonomía progresiva, ha dado un paso fundamental en la construcción de un enfoque más integral sobre los derechos de la infancia. Este principio implica que el ejercicio de los derechos y la capacidad de toma de decisiones de niñas, niños y adolescentes debe ir en aumento, en consonancia con su desarrollo y madurez. La intervención de los padres o del Estado, si bien necesaria, debe ser proporcional a la edad y el nivel de madurez del niño, evitando la imposición de responsabilidades adultas y priorizando siempre su bienestar.

Un ejemplo práctico de la aplicación de la autonomía progresiva se presenta en los procesos de visitas de convivencia entre padres separados. Mientras que tradicionalmente se priorizaba la decisión de los adultos, bajo el principio de autonomía progresiva se debe considerar la voluntad del niño, siempre que su nivel de madurez lo permita. La voz del niño, sus deseos y preferencias, deben ser escuchados y tenidos en cuenta en la toma de decisiones que le afectan directamente.

Este nuevo paradigma implica un cambio de perspectiva, no solo en el ámbito jurídico, sino también en la vida familiar y social. Debemos fomentar la participación de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que les conciernen, creando espacios de diálogo y escucha activa. Es fundamental reconocer que la infancia no es un estado de pasividad, sino una etapa crucial para el desarrollo de la autonomía, la responsabilidad y la ciudadanía.

La aplicación del principio de autonomía progresiva plantea desafíos importantes. ¿Cómo determinar el nivel de madurez de un niño? ¿Cómo equilibrar la protección con la participación? ¿Cómo garantizar que la voz del niño sea escuchada sin ser manipulada? Estas son preguntas que requieren un análisis profundo y un debate constante, con la participación de expertos en diversas disciplinas, desde el derecho y la psicología hasta la pedagogía y la sociología.

El camino hacia una plena garantía de los derechos de la infancia es un proceso continuo de aprendizaje y adaptación. La reflexión sobre la autonomía progresiva es un paso fundamental en esa dirección, un paso que nos invita a construir una sociedad más justa e inclusiva, donde la voz de niñas, niños y adolescentes sea escuchada y respetada. La invitación a la reflexión, "¿Usted qué opina?", no es una mera formalidad, sino una invitación a sumarse a este diálogo crucial para el futuro de nuestra sociedad.