La sombra de la violencia sexual se cierne sobre la infancia mexicana, un espectro doloroso que exige una respuesta contundente y unificada. El Primer Encuentro Nacional de Congresos Locales, centrado en la armonización legislativa en materia de delitos sexuales y acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes, ha puesto de manifiesto la urgencia de actuar. La escalofriante cifra revelada por Lorena Villavicencio Ayala, titular del SIPINNA, de que el 50% de niñas y niños han sufrido abuso sexual a manos de familiares, resuena como una llamada a la acción inaplazable. No podemos, como sociedad, permanecer impasibles ante esta realidad. Es imperativo construir un pacto nacional que coloque la protección de la infancia en el epicentro de la agenda política y legislativa. Más allá de las diferencias ideológicas, debemos unirnos en un frente común para garantizar la dignidad, el desarrollo integral y la libertad de nuestros niños y niñas, liberándolos del yugo de la violencia.

La armonización legislativa se erige como un pilar fundamental en esta lucha. La disparidad en la tipificación de los delitos sexuales entre los distintos estados, como lo señaló Villavicencio Ayala, crea un laberinto legal que dificulta la persecución y sanción de los agresores. No es admisible que la gravedad de un abuso sexual dependa del código penal del estado donde se comete. Necesitamos criterios unificados, una voz legislativa coherente que hable con firmeza contra la impunidad. Debemos trabajar en conjunto, todos aquellos que anhelamos un cambio real, para construir un marco legal sólido y eficaz que proteja a la infancia.

La armonización no se limita a la tipificación de los delitos. También implica, como lo destacó Luis Peña en representación de la titular del DIF, garantizar la protección integral de las víctimas. Una niña que ha sufrido abuso sexual en su entorno familiar no puede permanecer en ese ambiente. Necesita una red de apoyo, un hogar seguro, una respuesta institucional ágil que le permita reconstruir su vida. Esto requiere una “ingeniería institucional” que agilice los procesos legales y garantice el acceso a la justicia y a una atención integral.

La Fiscalía General de la República, a través de Paola Gándara, ha señalado la complejidad que representan los 34 códigos penales existentes en el país. Esta dispersión normativa obstaculiza la investigación, persecución y sanción de los delitos, especialmente aquellos cometidos contra niñas, niños y adolescentes. La homogeneización, o al menos la armonización, de la tipificación de los delitos sexuales se vuelve crucial para combatir la impunidad. No podemos permitir que la ambigüedad en las definiciones legales o la existencia de penas irrisorias perpetúen la violencia.

La impunidad, ese monstruo silencioso que se alimenta del dolor de las víctimas, es el enemigo común. Mónica Miguel Muñoz Olmedo, de la REDIM, ha subrayado la necesidad de contar con fiscalías especializadas que aborden la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes con la seriedad y la expertise que merecen. No podemos permitir que un ministerio público pase de investigar un fraude a un delito sexual sin la formación y la sensibilidad necesarias. La investigación de estos delitos requiere una mirada especializada, un compromiso profundo con la justicia y la protección de la infancia.

El camino hacia la erradicación de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es largo y complejo, pero no podemos desfallecer. La armonización legislativa, la protección integral de las víctimas, la especialización de las fiscalías y el compromiso de toda la sociedad son piezas clave en este rompecabezas. Debemos trabajar sin descanso, con la convicción de que la infancia es un tesoro que debemos proteger a toda costa. El futuro de México depende de ello.