La sombra de la regulación mal planteada se cierne sobre el sector turístico, y las experiencias internacionales nos ofrecen una valiosa lección. Ciudades que se apresuraron a implementar restricciones severas a las viviendas turísticas, sin un análisis profundo y sin escuchar a todos los actores involucrados, ahora enfrentan las consecuencias de decisiones tomadas con premura. El encarecimiento de las rentas, el aumento desproporcionado de las tarifas hoteleras, la proliferación de alojamientos clandestinos operando en la sombra de la ilegalidad, un incremento exponencial de fraudes que perjudican tanto a turistas como a residentes, la concentración del turismo en las zonas hoteleras tradicionales, sofocando la vitalidad de otros barrios, y la pérdida de ingresos para miles de familias que dependían de esta actividad, son solo algunas de las caras de esta problemática.

El caso de Barcelona, una ciudad vibrante y atractiva para el turismo, sirve como un ejemplo paradigmático. La suspensión de nuevas licencias desde 2014, acompañada de operativos constantes contra anuncios de alojamientos turísticos considerados "ilegales", y una reducción del 56% en la oferta de viviendas turísticas entre 2020 y 2023, no lograron el objetivo deseado. Lejos de contener los precios de las rentas, se observó un incremento del 24% en ese mismo periodo y un alarmante 70% en la última década, uno de los aumentos más significativos en toda España. Estos datos, fríos pero contundentes, nos obligan a reflexionar sobre la eficacia de las medidas implementadas.

Es crucial entender que el problema no radica en la decisión de regular, sino en la falta de un análisis exhaustivo de sus posibles consecuencias. Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que las viviendas turísticas representan menos del 1% del parque habitacional del país, mientras que las viviendas vacías alcanzan un preocupante 14%. Resulta evidente que las restricciones, en lugar de aliviar la presión sobre los precios de alquiler, han contribuido a la consolidación de un mercado negro, donde la calidad, la seguridad y la fiscalización de los alojamientos se escapan del control de las autoridades.

Estudios independientes, como el realizado por PwC, demuestran que la presencia de alquileres de corta duración no tiene un impacto significativo en los precios del alquiler en España. Incluso, se señala que los intentos por restringir las viviendas turísticas en ciudades como Barcelona, Palma e Ibiza no han logrado frenar el aumento en el costo de los alquileres. Oxford Economics, por su parte, estima que incluso si todas las viviendas turísticas se integraran al mercado de vivienda tradicional, el impacto en los precios residenciales sería mínimo: una bajada de apenas un 0.4% en Barcelona y un 0.3% en Madrid. Estos datos nos invitan a cuestionar si el costo social y económico de cerrar este mercado, con la consecuente pérdida de empleos e ingresos, justifica los mínimos beneficios obtenidos.

La experiencia de Escocia, con una de las regulaciones más estrictas del Reino Unido, refuerza esta línea de pensamiento. La lentitud en la aprobación de licencias en Edimburgo ha generado una escasez de opciones de alojamiento, lo que se traduce en un alza del 9% en las tarifas hoteleras, acumulando un incremento del 82% desde 2019. Esta situación no solo afecta al turista, que se ve obligado a pagar precios exorbitantes, sino también a la economía local, que pierde competitividad frente a otros destinos. La rigidez normativa ha provocado un desplazamiento de turistas hacia ciudades como Liverpool y Newcastle, que ofrecen opciones más accesibles.

Portugal, tras experimentar los efectos negativos de una política restrictiva, rectificó su rumbo. La suspensión de nuevos registros en zonas urbanas, implementada en 2023, tuvo un impacto negativo en los ingresos y la ocupación turística, lo que llevó al gobierno a revertir estas medidas. Actualmente, Portugal apuesta por una regulación más flexible, que permite a las regiones adaptar las normativas a sus propias características y necesidades.

México se encuentra en un momento crucial para definir el futuro de su sector turístico. Las experiencias internacionales nos ofrecen una valiosa oportunidad para aprender de los errores cometidos en otras latitudes y evitar caer en las mismas trampas. La clave está en diseñar una política pública basada en datos, que reconozca las diferencias entre los distintos actores involucrados: anfitriones individuales, operadores profesionales y grandes inversionistas. Es fundamental comprender que las viviendas turísticas, lejos de ser el problema, pueden ser parte de la solución, contribuyendo a la economía local y ofreciendo opciones de alojamiento diversificadas. El desafío radica en encontrar un equilibrio que permita el desarrollo sostenible del turismo, protegiendo al mismo tiempo el acceso a la vivienda para los residentes.