La creciente preocupación por la infiltración de grupos criminales por parte de individuos de diversas nacionalidades ha tomado un nuevo giro en Jalisco. Las recientes declaraciones del secretario de seguridad estatal, Juan Pablo Hernández, confirman la detención de personas de nacionalidad colombiana en colaboración con el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Seguridad federal. Este hecho, lejos de ser un caso aislado, se enmarca dentro de una compleja red de delincuencia transnacional que ha puesto en alerta a las autoridades mexicanas.

Hernández no solo confirmó la presencia de colombianos en Jalisco, sino que además reveló un dato aún más inquietante: registros que indican la presencia de estos individuos en otros países. Este detalle abre la puerta a múltiples interrogantes sobre las rutas y redes de conexión que utilizan estos grupos para operar a nivel internacional. ¿Se trata de una estrategia coordinada? ¿Qué países están involucrados en esta red? La necesidad de una investigación exhaustiva que arroje luz sobre estas cuestiones se vuelve imperativa.

La confirmación de la presencia de extranjeros en grupos criminales en Jalisco contradice las declaraciones previas del mandatario Pablo Lemus, quien había negado tal situación. Esta discrepancia entre las versiones oficiales genera aún más incertidumbre y exige una aclaración por parte de las autoridades. ¿A qué se debe esta contradicción? ¿Se trata de un fallo de comunicación o de una subestimación de la problemática? La transparencia en la información es crucial para generar confianza en la ciudadanía y para combatir eficazmente el crimen organizado.

Las detenciones en Jalisco se relacionan directamente con la información revelada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, el pasado 10 de junio. La captura de 12 colombianos en los límites de Jalisco y Michoacán, entre los cuales se encontraban ex militares y civiles con formación militar, puso de manifiesto la sofisticación y el nivel de entrenamiento de estos individuos. Si bien se ha descartado su pertenencia a grupos armados o guerrillas de Colombia, su presunta vinculación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) representa una seria amenaza para la seguridad del país.

La proliferación de videos en redes sociales, especialmente en TikTok, donde se observa a personas con acento colombiano portando armas y afirmando su pertenencia a carteles, añade otra capa de complejidad a la situación. Este fenómeno no solo evidencia la audacia de estos grupos, sino que también plantea la necesidad de fortalecer la vigilancia en el ciberespacio para prevenir la propagación de mensajes que inciten a la violencia y al crimen.

El desafío que representa la infiltración de grupos criminales transnacionales requiere una respuesta contundente y coordinada por parte de las autoridades. La colaboración entre las diferentes instancias de seguridad, tanto a nivel nacional como internacional, es fundamental para desmantelar estas redes y garantizar la seguridad de la población. Además, es crucial implementar estrategias que aborden las causas estructurales que facilitan la penetración de estos grupos, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Solo a través de un enfoque integral que combine la acción policial con políticas sociales efectivas se podrá combatir de raíz este flagelo.