La sombra de la incertidumbre se cierne sobre Xalisco, un municipio nayarita marcado por la tragedia de las fosas clandestinas. Mientras el eco de cientos de desaparecidos aún resuena en sus calles, la urgencia de encontrar respuestas choca contra la pared de la burocracia y la aparente indiferencia. La alcaldesa Anabel Guerrero, con la voz cargada de frustración, denunció la postergación de un convenio crucial con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Ocho regidores y la síndica municipal, priorizando la organización de la Feria del Elote 2025, un evento festivo a celebrarse dentro de dos años, han relegado a un segundo plano el dolor de las familias que buscan desesperadamente a sus seres queridos. Este acto, que a muchos les parecerá incomprensible, pone de manifiesto la profunda desconexión entre las autoridades y la realidad que se vive en Xalisco, una realidad marcada por la violencia y la impunidad.

La justificación de la síndica, Sandra Morales, argumentando la importancia de la feria para la identidad local y la economía, resulta insuficiente e incluso cínica ante la magnitud de la tragedia humanitaria que se vive en el municipio. Planificar una festividad con dos años de anticipación mientras se ignora el clamor de quienes buscan a sus desaparecidos es una muestra de la insensibilidad y la falta de empatía que prevalece en algunos sectores del gobierno local. ¿Acaso la alegría de una feria puede opacar el dolor de una madre que busca a su hijo? ¿Puede la música y el baile acallar el silencio de las fosas clandestinas?

El historial de Xalisco en materia de desapariciones es escalofriante. Entre 2017 y 2020, más de cien cuerpos fueron exhumados de fosas clandestinas, una cifra que convierte al municipio en uno de los puntos rojos del país en este terrible fenómeno. El caso de la "fosa de los 21", descubierta en 2019 por el colectivo Familias Unidas por Nayarit (Cofaunay), ilustra la brutalidad y la complejidad de la situación. Veintiún cuerpos, esposas metálicas, toletes, uniformes… evidencias que apuntan a la posible participación de autoridades en las desapariciones y que, según se denuncia, fueron presuntamente desaparecidas por el ex subfiscal Rodrigo Benítez, actualmente bajo investigación.

Ante este panorama desolador, la postergación del convenio con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas no solo es una falta de respeto a las víctimas y sus familias, sino también una obstrucción a la justicia y a la verdad. La búsqueda de los desaparecidos no puede esperar. Cada día que pasa se desvanece la esperanza de encontrarlos con vida y se dificulta la labor de identificación de los restos. Las autoridades de Xalisco tienen la obligación moral y legal de colaborar con la Comisión de Búsqueda y de brindar todo el apoyo necesario a las familias que buscan a sus seres queridos. La feria puede esperar, la justicia no.

Es imperativo que la sociedad civil se organice y exija a sus representantes que prioricen la atención a la crisis de desapariciones. La indiferencia y la complicidad son cómplices silenciosos de la violencia. Xalisco necesita un gobierno comprometido con la verdad y la justicia, un gobierno que escuche el clamor de sus ciudadanos y que trabaje incansablemente para encontrar a los desaparecidos y llevar a los responsables ante la justicia. Solo así se podrá construir un futuro de paz y reconciliación en un municipio marcado por la tragedia.