La historia de la mujer afroamericana que rezó durante tres días antes de acercarse a la policía para presentar una queja, ilustra la profunda desconfianza y el temor que algunas comunidades, especialmente las minorías étnicas, sienten hacia las fuerzas del orden. Este miedo, alimentado por experiencias de discriminación y abuso, revela una fractura en el pacto social, donde la institución encargada de proteger se convierte en fuente de temor. No se trata de un caso aislado, sino de un síntoma de un problema sistémico que corroe la confianza en la justicia y perpetúa la desigualdad. La aprehensión violenta e injustificada de su esposo, basado únicamente en sospechas infundadas, refuerza la percepción de que el color de piel puede ser un factor determinante en la interacción con la policía. Este tipo de incidentes traumáticos dejan cicatrices profundas, no solo en las víctimas directas, sino en toda la comunidad, generando un ciclo de desconfianza que dificulta la cooperación y la construcción de una sociedad justa y equitativa.

Por otro lado, las redadas de ICE en Los Ángeles, nos confrontan con la compleja realidad de la migración y las políticas públicas que la regulan. Detener a personas que llevan años trabajando, contribuyendo a la economía y estableciendo lazos familiares, genera un impacto devastador en sus vidas y en la comunidad en general. El argumento de la falta de documentos no puede eclipsar la dimensión humana de la situación. Se trata de personas que buscan una vida mejor, que trabajan arduamente y que, en muchos casos, son el sostén de sus familias tanto en Estados Unidos como en sus países de origen. Estas redadas, más allá de su legalidad, plantean interrogantes éticas sobre el trato que damos a los migrantes y la criminalización de la búsqueda de oportunidades. ¿Es justo arrancar de sus vidas a quienes contribuyen a la sociedad, separando familias y truncando sueños?

Ambos casos, aunque aparentemente distintos, comparten un denominador común: el ejercicio de la discrecionalidad en la aplicación de la ley y las políticas públicas. La discrecionalidad, esa capacidad de tomar decisiones basándose en el criterio propio, puede ser una herramienta poderosa para la justicia, pero también un arma peligrosa en manos de quienes albergan prejuicios o actúan movidos por intereses particulares. La historia de la mujer afroamericana y las redadas de ICE nos muestran las dos caras de la moneda: por un lado, la discrecionalidad que permite a la policía actuar con violencia y discriminación; por otro, la discrecionalidad que se traduce en políticas migratorias que criminalizan la pobreza y la búsqueda de una vida digna.

Es fundamental analizar las causas profundas de estas desigualdades y promover un debate público sobre el uso de la discrecionalidad en la aplicación de la ley y las políticas públicas. Necesitamos mecanismos de control y transparencia que garanticen que las decisiones se tomen con base en criterios justos y equitativos, protegiendo los derechos de todas las personas, independientemente de su origen étnico, su estatus migratorio o su condición social. La diplomacia y la cooperación internacional son esenciales para abordar el fenómeno migratorio de manera integral, buscando soluciones que respeten la dignidad humana y promuevan el desarrollo sostenible. No podemos permitir que la discrecionalidad se convierta en sinónimo de arbitrariedad y discriminación. La construcción de una sociedad justa y equitativa requiere un compromiso firme con la protección de los derechos de todos y todas, sin excepción.