La vorágine del mercado inmobiliario en Jalisco, con sus transacciones multimillonarias y miles de operaciones anuales, esconde una preocupante realidad: la falta de regulación y la proliferación de la informalidad. Si bien la ley actual no exige la certificación de los asesores inmobiliarios, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) alza la voz, instando a las autoridades a considerarla obligatoria. Este clamor surge ante el creciente número de fraudes y suplantaciones, especialmente en zonas de alta actividad económica como la Zona Metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta, donde se mueven cifras astronómicas. Imaginen: más de 140 mil millones de pesos cambiando de manos cada año, en más de 140 mil operaciones. De estas, 45 mil corresponden a la compraventa de viviendas, el sueño de miles de familias jaliscienses, un sueño que puede convertirse en pesadilla si cae en las garras de la informalidad.

El atractivo económico de Jalisco, segundo lugar nacional en colocación de créditos bancarios e Infonavit, ha atraído no solo a inversionistas legítimos, sino también a una legión de "asesores" sin escrúpulos, que operan en las sombras, sin contratos formales, sin certificaciones y, lo más grave, sin ofrecer garantías jurídicas a los compradores. El INEGI registra a más de 45 mil personas dedicadas a los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes inmuebles en el estado, una cifra que, si bien refleja el dinamismo del sector, también evidencia la magnitud del desafío. Miles de transacciones se realizan en un peligroso vacío legal, poniendo en riesgo el patrimonio de familias que, con esfuerzo e ilusión, buscan un hogar.

La presidenta de AMPI Guadalajara, Karen Correa, pinta un panorama desolador: operaciones sin garantías, sin contratos que respalden los acuerdos y, por supuesto, sin la certeza jurídica que debería ser la piedra angular de cualquier transacción inmobiliaria. La informalidad no solo erosiona la confianza en el sector, sino que se traduce en vulnerabilidad para los compradores, quienes se exponen a perder sus ahorros e incluso a verse envueltos en largos y costosos procesos legales.

Ante este escenario, la prevención se convierte en la mejor arma. Desconfíen de ofertas demasiado tentadoras en redes sociales, esas gangas que parecen demasiado buenas para ser verdad, probablemente lo son. Nunca entreguen anticipos sin la asesoría de un profesional y, por supuesto, no se dejen seducir por fotografías atractivas: visiten personalmente el inmueble, verifiquen su estado y asegúrense de que la información proporcionada coincide con la realidad.

El vicepresidente de AMPI, Jaziel Castañeda, relata casos que ponen los pelos de punta: personas que se hacen pasar por asesores de la asociación, ofreciendo propiedades inexistentes y embolsándose anticipos considerables. Familias ilusionadas que llegan a las oficinas de AMPI buscando a un asesor fantasma, con un contrato en la mano y el amargo sabor del engaño en la boca. Historias que se repiten con alarmante frecuencia y que demuestran la urgencia de implementar medidas que protejan a los compradores.

La tecnología, que en muchos casos facilita la comisión de fraudes, también puede ser una aliada en la lucha contra ellos. El Colegio de Notarios de Jalisco, consciente de esta realidad, apuesta por la capacitación y el uso de herramientas tecnológicas para verificar datos y brindar mayor seguridad a los ciudadanos. Su presidente, José Luis Leal, subraya la importancia de la certificación como un sello de calidad y prestigio en un mundo cada vez más digitalizado. Los 293 notarios que integran el Colegio, distribuidos en 57 municipios del estado, trabajan para fortalecer la certeza jurídica y garantizar la seguridad de las transacciones inmobiliarias. La colaboración entre notarios y profesionales inmobiliarios es fundamental para construir un mercado transparente y confiable, donde los sueños de las familias jaliscienses puedan convertirse en realidad sin el temor al engaño.