La sombra de la deportación se cierne con más fuerza que nunca sobre la comunidad migrante. Las palabras de Eunice Rendón, Coordinadora de Agenda Migrante, pintan un panorama sombrío y preocupante: una crisis de política exterior orquestada desde la Casa Blanca, con Donald Trump a la cabeza y Stephen Miller como estratega, con el único objetivo de aumentar las deportaciones a cualquier costo. Este no es un simple cambio de rumbo, es una escalada en la hostilidad, una intensificación de las tácticas represivas que nos retrotraen a épocas oscuras.

Rendón, en su reveladora entrevista con Salvador García Soto para "A la 1" de El Heraldo Radio, desgrana la maquinaria de esta nueva ofensiva. La presión sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es inmensa, una demanda implacable de resultados que se traduce en una cacería humana sin precedentes. Las cuotas de deportación, impuestas desde las altas esferas del poder, se han convertido en el motor de una política inhumana, donde el respeto a los derechos humanos queda relegado a un segundo plano.

Las redadas, lejos de ser procedimientos legales y ordenados, se han transformado en operativos de intimidación. La policía migratoria, según el testimonio de Rendón, opera al margen de la ley, saltándose protocolos, deteniendo personas sin órdenes de aprehensión, y haciendo un uso desmedido de la fuerza. Las imágenes de agentes encapuchados, ocultando su identidad tras máscaras, son un símbolo escalofriante de la brutalidad que impera en estas acciones. Tácticas militares, propias de zonas de conflicto, se despliegan ahora en las calles, en los barrios, en los lugares de trabajo, sembrando el terror entre la población migrante.

La violación de los derechos humanos es sistemática. Los lugares que antes eran considerados santuarios, espacios de seguridad y convivencia, ahora son terreno de caza para el ICE. Centros de trabajo, lugares de recreación e incluso escuelas, se han convertido en escenarios de detenciones arbitrarias. Imaginen la angustia de padres y madres que llevan a sus hijos a la escuela, la incertidumbre de no saber si regresarán a casa, el miedo constante de ser arrancados de sus familias y deportados a un país que muchos apenas recuerdan.

Esta política de terror no solo afecta a los migrantes, sino que desgarra el tejido social de nuestras comunidades. El miedo se propaga como una enfermedad, la desconfianza se instala en las relaciones, y la solidaridad se ve amenazada. Es imperativo alzar la voz, denunciar estas injusticias y exigir el respeto a los derechos humanos de todas las personas, sin importar su origen o estatus migratorio. No podemos permanecer indiferentes ante esta crisis humanitaria. El futuro de nuestra sociedad, la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana están en juego. Es tiempo de actuar, de unir fuerzas y de construir un mundo más justo e inclusivo para todos. El silencio nos hace cómplices.