La creciente problemática del manejo inadecuado de residuos peligrosos ha vuelto a encender las alarmas, esta vez en el corazón del Área de Protección de Recursos Naturales Lago de Texcoco. El pasado 5 de junio, tres individuos fueron sorprendidos in fraganti descargando ilegalmente estos materiales en un predio dentro de la zona protegida de Atenco, un acto que no solo atenta contra la riqueza natural de este ecosistema vital, sino que también pone en riesgo la salud de las comunidades circundantes.

La rápida respuesta de las autoridades no se hizo esperar. Al día siguiente, inspectores federales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) se movilizaron al lugar de los hechos. Allí, confirmaron la presencia de los residuos peligrosos, documentando meticulosamente la escena y recopilando pruebas cruciales para el proceso judicial. Con la información recabada, se presentó un dictamen ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Texcoco, detallando la naturaleza del delito y la cuantificación de los daños ocasionados al medio ambiente.

La gravedad de la situación, agravada por la flagrancia del delito y su ocurrencia dentro de un Área Natural Protegida, motivó la participación activa de la Profepa en la audiencia de control judicial. La institución abogó por la legalidad de la detención de los tres implicados y su posterior vinculación a proceso. El juez de control, considerando la evidencia presentada y la naturaleza del delito, dictó prisión preventiva justificada para los acusados, una medida que busca asegurar su comparecencia ante la justicia y prevenir futuras acciones que pongan en peligro el patrimonio natural de México.

Este caso pone de manifiesto la importancia de la aplicación firme del artículo 414 del Código Penal Federal, que sanciona severamente el abandono, desecho y descarga ilegal de sustancias peligrosas. La pena prevista, de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa, se incrementa considerablemente cuando el delito se comete dentro de un Área Natural Protegida, pudiendo alcanzar hasta doce años de prisión y cuatro mil días multa. Esta agravación refleja el compromiso del Estado mexicano con la protección de sus ecosistemas más vulnerables.

La Profepa, en su rol de garante del medio ambiente, ha reiterado su compromiso de continuar participando activamente en este proceso. La institución se enfocará en fortalecer las pruebas existentes y aportar nuevos elementos que permitan una aplicación contundente de la ley. El objetivo es claro: sentar un precedente que disuada futuras acciones ilícitas contra los recursos naturales y el equilibrio ecológico del país. El Lago de Texcoco, un ecosistema de vital importancia para la región, merece ser protegido, y las autoridades están trabajando para que este incidente sirva como un llamado a la responsabilidad y al respeto por nuestro entorno natural. La lucha contra la contaminación y el manejo irresponsable de residuos peligrosos es una tarea de todos, y la justicia debe prevalecer para garantizar la preservación de nuestro patrimonio natural para las futuras generaciones.