La controversia desatada por el informe de la OEA sobre la reforma al Poder Judicial mexicano ha puesto en evidencia la tensión existente entre la soberanía nacional y la evaluación internacional de los procesos democráticos. Las palabras de la Misión, que cuestionan la idoneidad del voto popular para la selección de jueces, han resonado con fuerza, no solo en México, sino en toda la región, generando un debate sobre la pertinencia de este modelo y sus posibles implicaciones para la independencia judicial. La reacción del gobierno mexicano, calificando la opinión de la OEA como una extralimitación de sus funciones, abre interrogantes sobre la disposición a aceptar la crítica externa y el compromiso con la transparencia en la gestión pública. Si bien es cierto que cada país tiene la potestad de definir sus propios mecanismos de elección, la experiencia comparada y el análisis de organismos internacionales pueden aportar valiosas perspectivas para el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

La invocación a la soberanía nacional como argumento para desestimar las observaciones de la OEA no puede ser una excusa para eludir la responsabilidad de garantizar un sistema judicial imparcial y eficaz. La historia nos muestra que el cierre al escrutinio internacional y la descalificación sistemática de las voces críticas pueden ser síntomas de un debilitamiento democrático. En este sentido, es fundamental que el gobierno mexicano promueva un diálogo abierto y constructivo con la OEA y otros organismos internacionales, en lugar de adoptar una postura defensiva que pueda ser interpretada como una resistencia a la rendición de cuentas. La legitimidad del sistema judicial no solo depende de la voluntad popular expresada en las urnas, sino también de la confianza que genera en la ciudadanía su capacidad para impartir justicia de manera independiente y transparente.

La observación electoral internacional, practicada desde hace décadas en diversas partes del mundo, ha demostrado ser una herramienta valiosa para promover la integridad de los procesos electorales y fortalecer la democracia. La presencia de misiones de observación, como la desplegada por la OEA en México, no debe ser vista como una intromisión, sino como una oportunidad para identificar áreas de mejora y garantizar la transparencia y la equidad en la contienda electoral. Descalificar las conclusiones de estas misiones, basándose en argumentos de soberanía, puede generar desconfianza y poner en entredicho el compromiso del gobierno con la democracia. En un mundo globalizado e interconectado, la cooperación internacional y el intercambio de experiencias son esenciales para fortalecer las instituciones y promover el estado de derecho.

El caso de la reforma al Poder Judicial mexicano ilustra la complejidad de los desafíos que enfrentan las democracias contemporáneas. La tensión entre la soberanía nacional y la necesidad de garantizar la independencia del poder judicial es un tema crucial que requiere un debate profundo y una reflexión crítica. La participación ciudadana, el diálogo entre los diferentes poderes del Estado y la apertura al escrutinio internacional son elementos indispensables para construir un sistema judicial sólido, transparente y que goce de la confianza de la ciudadanía. El futuro de la democracia en México depende, en gran medida, de la capacidad de sus instituciones para adaptarse a los nuevos desafíos y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.