La sombra de la impunidad se cierne sobre un caso que, a pesar de contar con una sentencia condenatoria, deja un amargo sabor de injusticia. La historia de María Elena y su hija de tan solo ocho años, víctima del abuso sexual perpetrado por su padrastro, un expolicía custodio del Penal Metropolitano, Luis Fernando “N”, es un crudo reflejo de las fallas sistémicas que aún aquejan a nuestro sistema judicial. Si bien la condena de cuatro años de prisión representa un primer paso, la omisión en la realización de los peritajes psicológicos y psiquiátricos, tanto para la menor como para su madre, deja una herida abierta en el proceso de sanación y reparación del daño.

Imaginen por un momento el trauma que una niña de ocho años debe enfrentar tras sufrir un abuso de esta magnitud. El impacto psicológico, las secuelas emocionales, el miedo que la acompaña… ¿Cómo es posible que, a pesar de la existencia de una sentencia, el sistema falle en brindar la atención integral que la víctima necesita? La falta de estos peritajes no solo impide una adecuada valoración del daño, sino que también obstaculiza la posibilidad de un proceso de recuperación efectivo. María Elena, en su incansable búsqueda de justicia, ha alzado la voz en dos ocasiones ante la Suprema Corte de Justicia, denunciando la omisión del Ministerio Público en este aspecto crucial. Su lucha, como la de tantas madres que enfrentan situaciones similares, es un grito desesperado en un sistema que a menudo parece sordo ante el dolor de las víctimas.

La gravedad del caso se intensifica aún más con las amenazas con arma de fuego que, según denuncia María Elena, también fueron perpetradas por el agresor. Si bien estas amenazas fueron mencionadas ante el juez, la falta de vinculación a proceso por este delito deja una preocupante sensación de impunidad. ¿Acaso no merece la víctima y su familia una protección integral frente a la violencia que han sufrido? ¿Hasta cuándo las amenazas quedarán relegadas a simples menciones sin consecuencias legales?

La apelación presentada ante la Suprema Corte de Justicia no solo busca una modificación de la sentencia, ya sea para aumentar los años de prisión del sentenciado, sino también para garantizar una reparación integral del daño. Esta reparación debe ir más allá de lo económico e incluir la cobertura médica y la atención psicológica que tanto la menor como su madre necesitan para reconstruir sus vidas. Es imperativo que el sistema judicial no solo castigue al agresor, sino que también brinde las herramientas necesarias para la sanación de las víctimas.

La investigación en curso por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que indaga posibles omisiones o retrasos por parte de servidores públicos en el manejo del caso, abre una nueva línea de interrogantes. ¿Existirán responsabilidades por parte de quienes debieron velar por el bienestar de la víctima y garantizar un proceso judicial diligente? Este caso, lamentablemente, no es un hecho aislado. En Jalisco, las alarmas se han encendido ante la creciente ola de casos de abuso sexual, particularmente contra menores, y la falta de atención integral a las víctimas. La impunidad, como una sombra ominosa, se cierne sobre muchos procesos judiciales, dejando a las víctimas desprotegidas y a la sociedad con una profunda herida de injusticia.

La historia de María Elena y su hija es un llamado urgente a la reflexión y a la acción. Necesitamos un sistema judicial que no solo condene a los culpables, sino que también proteja y repare a las víctimas. Un sistema que escuche sus voces, atienda sus necesidades y les brinde la oportunidad de reconstruir sus vidas. La justicia, en su sentido más amplio, debe ser el faro que guíe nuestras acciones y nos permita construir una sociedad donde la impunidad no tenga cabida.