La sombra de la deportación se cierne con fuerza renovada sobre la comunidad migrante. Las palabras de Eunice Rendón, Coordinadora de Agenda Migrante, pintan un panorama preocupante, un escenario donde la presión política desde la Casa Blanca, orquestada por figuras como Stephen Miller, se traduce en redadas cada vez más agresivas y una creciente violación de los derechos humanos. No se trata simplemente de números, de alcanzar una cuota de deportaciones prometida por Donald Trump. Estamos hablando de un cambio radical en la forma de operar del ICE, una transformación que nos lleva a cuestionar los límites de la legalidad y la ética en el trato a los migrantes.

Rendón describe una realidad inquietante: agentes migratorios encapuchados, tácticas militares desplegadas en las detenciones, un uso excesivo de la fuerza que siembra el terror en la comunidad. Estas prácticas, antes inusuales, se han convertido en la nueva norma, un síntoma alarmante de la creciente intransigencia en la política migratoria impulsada desde Washington. La imagen de agentes con los rostros cubiertos, irrumpiendo en espacios cotidianos, nos recuerda a escenas distópicas, lejos del ideal de justicia y respeto a los derechos fundamentales que debería regir en cualquier sociedad democrática.

La violación de los derechos humanos no se limita al uso de la fuerza. La estrategia del ICE se ha extendido a lugares que antes se consideraban santuarios: centros de trabajo, espacios de convivencia e incluso escuelas. La imagen de padres detenidos mientras llevan a sus hijos a la escuela es desgarradora, un golpe directo a la unidad familiar y un testimonio del miedo que se respira en la comunidad migrante. ¿Qué mensaje estamos enviando a nuestros niños cuando presencian la detención de sus padres en el umbral de la escuela? ¿Cómo podemos hablar de integración y respeto a la diversidad cuando se vulneran los derechos más básicos de las personas?

La denuncia de Rendón no se queda en la descripción de los hechos. Apunta directamente a la raíz del problema: la presión política ejercida por Donald Trump y su equipo para aumentar las deportaciones, sin importar el costo humano. Esta obsesión por los números, por cumplir una promesa electoral, ha desatado una cacería implacable que no distingue entre migrantes con antecedentes criminales y aquellos que buscan simplemente una vida mejor para ellos y sus familias.

La situación actual exige una respuesta contundente. No podemos permanecer impasibles ante la vulneración sistemática de los derechos humanos. Es necesario alzar la voz, exigir el respeto a la legalidad y la dignidad de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio. La comunidad internacional debe estar vigilante y presionar al gobierno de Estados Unidos para que rectifique su política migratoria y garantice el trato humano a los migrantes. El futuro de miles de familias está en juego. No podemos permitir que el miedo y la injusticia se impongan.