El reciente proceso de selección judicial, aunque culminó con éxito, nos deja importantes lecciones y áreas de mejora. La coincidencia de la elección judicial con las elecciones federales y locales de 2027 presenta un desafío considerable para el electorado. Imaginen la carga que implica para el ciudadano tener que informarse y votar por diputados federales, gobernadores, alcaldes, diputados locales, ¡y además magistrados y jueces a nivel federal, electoral, regional y estatal! Esta sobrecarga electoral podría resultar en una abstención significativa en lo que respecta a los cargos judiciales, como ya se observó en Durango y Veracruz. Es fundamental repensar esta coincidencia y buscar alternativas que faciliten la participación ciudadana informada.

Otro punto crucial es la contradicción entre los artículos 97 y 94 de la Constitución respecto a la presidencia de la Suprema Corte. Mientras uno establece que el presidente será elegido por mayoría del pleno, el otro indica que quien obtenga el mayor número de votos presidirá. Resulta inexplicable que una discrepancia tan evidente haya pasado desapercibida por el Congreso. La iniciativa del diputado Leonel Godoy para corregir esta antinomia debería ser tratada con la urgencia que merece.

La baja participación en la elección judicial también nos invita a reflexionar sobre la pertinencia de elegir a todos los jueces por voto popular. La complejidad del proceso, con la necesidad de conocer a múltiples candidatos y sus propuestas, puede desincentivar la participación. Tal vez sea momento de reconsiderar el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que proponía elegir por voto popular solo los cargos de índole nacional. Si bien su propuesta fue descartada en su momento, la baja afluencia a las urnas nos obliga a reevaluar su viabilidad.

En cuanto a los "acordeones", aunque necesarios, es fundamental implementar medidas que garanticen la transparencia. Proponer al menos dos o tres candidatos por cada puesto y tipificar como delito electoral la difusión de listas incompletas, son pasos cruciales para evitar suspicacias. Asimismo, las fiscalías electorales, tanto federal como locales, deben ser más proactivas en la persecución de estas irregularidades.

Para futuras elecciones judiciales, debemos considerar la posibilidad de otorgar algún tipo de financiamiento público a los candidatos. El costo económico de una campaña puede ser un obstáculo para aspirantes con recursos limitados, afectando su patrimonio y limitando la participación de perfiles valiosos.

Si bien la mayoría de los perfiles seleccionados para la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y otras instancias son de alto nivel, algunos nombramientos generan dudas. Es importante destacar que juristas de reconocida trayectoria, como Federico Anaya, quedaron fuera a pesar de contar con un amplio respaldo y una probada idoneidad. Debería considerarse un mecanismo que permita a estos candidatos con alta calificación participar automáticamente en futuras elecciones si así lo desean.

En el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la selección de perfiles deja mucho que desear. Candidatos con una trayectoria impecable y un profundo conocimiento del derecho electoral, como Gabriela Del Valle y Rubén Lara Patrón, fueron inexplicablemente excluidos. A quienes sí lograron un lugar en las Salas Superior y Regionales, se les exige un desempeño imparcial, basado en sólidos fundamentos jurídicos y libre de cualquier influencia política.

Finalmente, del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial esperamos una actuación mucho más efectiva que la del Consejo de la Judicatura, cuya gestión en materia disciplinaria fue deficiente. El hecho de que en 2023 se atendieran 391 denuncias por corrupción y nepotismo sin que ninguna derivara en sanción, es un claro indicador de la necesidad de un cambio. Esperamos que este nuevo Tribunal esté a la altura del desafío y contribuya a fortalecer la integridad del sistema judicial.