La tensión en el aire es palpable. Dos meses han transcurrido desde la comparecencia de Christopher Landau ante el Senado estadounidense, donde el compromiso de resolver el conflicto entre Vulcan Materials y el gobierno mexicano por la operación de Calica resonó como un ultimátum. La sombra del tratado comercial se cernía sobre la mesa, y la presión para una resolución favorable a la estadounidense se hacía sentir en el equipo de Claudia Sheinbaum. La bomba, heredada de la administración de Andrés Manuel López Obrador, sigue ticking. Dos posturas marcadamente distintas se enfrentan dentro del gobierno. Por un lado, la línea dura, encabezada por Alicia Bárcena, secretaria del Medio Ambiente, busca reavivar las demandas por daño ambiental, incluso si eso implica, escandalosamente, fabricar nuevas pruebas contra Vulcan. Del otro lado, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, con el apoyo de Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas, aboga por una salida negociada. Este camino, sin duda el más sensato, permitiría concluir el arbitraje internacional donde Vulcan demanda al Estado mexicano por más de mil 500 millones de dólares y, al mismo tiempo, brindar certeza a las inversiones estadounidenses en el país. El equipo de Ebrard tiene la convicción de que tanto el cierre de operaciones, ejecutado por la Secretaría de la Defensa en mayo de 2022, como la posterior declaratoria de área natural protegida por López Obrador, que resultó en la cuasi expropiación de cerca de dos mil hectáreas y una terminal marítima en septiembre de 2024, estuvieron plagadas de irregularidades. La reciente reunión entre Sheinbaum y Landau, aunque abarcó temas cruciales como inmigración, seguridad, fentanilo, remesas, armerías y aranceles, seguramente abordó la espinosa cuestión de Calica. Ignorar este conflicto, con el sólido respaldo republicano que Donald Trump otorga a Vulcan, podría intensificar la presión en la relación bilateral.

El lunes, en la Secretaría de Gobernación, la reunión entre los ahorradores defraudados de CAME, representantes de la CNBV y los accionistas de Te Creemos, controladora de la sociedad financiera popular, concluyó sin acuerdos. La sombra de la intervención por parte del regulador, presidido por Jesús de la Fuente, se cierne sobre Pablo Varela, director de Te Creemos. La atención se centra en 665 clientes cuyas inversiones, superiores a los 211 mil pesos, no serán cubiertas por el Fondo de Protección al Ahorro. Representados por un grupo de 10 personas, liderado por Lizbeth Morales Rhode y el abogado Edward Regalado, estos ahorradores han emprendido acciones legales contra la CNBV y el Estado por no haber prevenido los desfalcos, visibles desde 2021, denunciados en noviembre de 2024 y aún sin resolver en febrero de este año. Durante la reunión, los abogados de Ritch Mueller, Luis Nicolau y Héctor Cárdenas, representantes de Creation Investments y PC Capital, fondos dueños de CAME y Te Creemos, fueron severamente cuestionados. Se les señala como beneficiarios del desvío de aproximadamente mil 700 millones de pesos, la suma total del quebranto.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), bajo la dirección de Jesús Esteva, recibió ofertas para la construcción de dos puentes vehiculares, uno en la autopista México-Puebla y otro en la vía México-Peñón Texcoco. GAMI Ingeniería, de Manuel Muñozcano, presentó la oferta más baja, 858 millones 497 mil pesos, IVA incluido. Cemex, presidida por Rogelio Zambrano, ofertó casi el doble: mil 694 millones 842 mil pesos. Le siguieron Gremial Construcciones, González Soto y Asociados, ESMA Instalaciones, HH & Asociados-DC Grupo Constructor, DCC Constructora y Aguipa Arquitectura, con ofertas que superaron los mil 700 millones de pesos.

El prestigioso bufete Pérez-Llorca, liderado por Pedro Pérez-Llorca, ha incorporado a María Elena Huerta y Antonio González a su equipo de Litigación y Arbitraje. Esta incorporación estratégica se produce en un contexto donde las empresas internacionales con operaciones en México buscan fortalecerse ante la reforma del Poder Judicial, cuyos resultados generan incertidumbre sobre la imparcialidad del Estado de Derecho. La tendencia es buscar jurisdicciones fuera del país para dirimir litigios, como en el caso de Vulcan Materials. La llegada de Huerta y González se enmarca en la estrategia de crecimiento internacional de Pérez-Llorca, consolidando la oficina de la CDMX. En menos de un año, la firma ha sumado 10 nuevos socios y ha registrado un crecimiento global del 33% en 2024, tras la fusión con González Calvillo. Recientemente, anunciaron su expansión a Colombia mediante una asociación con Gómez-Pinzón.

Grupo México Transportes (GMXT) se sumará a la lista de empresas que se deslistan de la Bolsa Mexicana de Valores. La propuesta se presentará en la Asamblea de Accionistas el 27 de junio. La filial de Grupo México planea recomprar cerca del 4% de sus títulos en circulación. El objetivo es liberarse de la regulación impuesta por los accionistas minoritarios y ganar flexibilidad en la toma de decisiones corporativas. Germán Larrea y Carlos Slim, los principales accionistas de GMXT, consideran que el mercado bursátil subvalúa a la compañía, una razón que ha motivado a otras empresas, como Grupo Lala, BioPappel, Banco Santander, Rassini, IEnova y Aeroméxico, a abandonar la bolsa.

Baja California, bajo el gobierno de Marina del Pilar Avila, ha logrado posicionarse entre los cinco estados con mayor autonomía financiera de México. Con un presupuesto superior a los 86 mil millones de pesos, el 23% proviene de recursos propios. En 2021, este indicador apenas superaba el 10%, una situación cercana a la quiebra. Los esfuerzos de recaudación han permitido a la entidad acercarse al nivel de economías como Chihuahua, Quintana Roo, Nuevo León y la CDMX.