La publicación del registro de deudores alimentarios en la Ciudad de México marca un hito en la lucha por la justicia para niñas, niños y adolescentes. No se trata solo de una lista de nombres, sino de una declaración contundente: en esta ciudad, la responsabilidad parental no es opcional. El acceso público a esta información, impulsado por la Consejería Jurídica y el incansable trabajo de colectivas feministas, desnuda la realidad de quienes incumplen con su obligación moral y legal de proveer para sus hijos. Es un paso firme hacia la transparencia y la rendición de cuentas, un mecanismo que empodera a quienes buscan justicia y que, al mismo tiempo, funciona como un llamado a la responsabilidad para aquellos que han evadido sus compromisos.

La jefa de Gobierno ha sido clara: la Ciudad de México se erige como un referente nacional en la defensa de los derechos con perspectiva de género. Este registro es una prueba tangible de ese compromiso. No se trata de señalar o estigmatizar, sino de garantizar el bienestar de la infancia, un derecho fundamental que no puede quedar supeditado a la voluntad individual. La plataforma digital, accesible y fácil de usar, permite a cualquier persona consultar la información y conocer la situación de quienes han sido denunciados por incumplimiento de la pensión alimenticia.

La ley es clara: la obligación alimentaria no es negociable. Y la nueva legislación, como bien lo ha señalado la Consejera Jurídica, refuerza el compromiso del Estado en la protección de la infancia. La difusión de esta información, amparada por el marco legal y con las debidas consideraciones en materia de protección de datos personales, es un instrumento clave para hacer valer ese derecho. No se trata de una medida punitiva, sino de una herramienta que busca la justicia y la equidad.

La voz de Diana Luz Vázquez Ruiz, impulsora de la Ley Sabina, resonó con fuerza durante el acto. Sus palabras, cargadas de la experiencia de miles de mujeres que luchan por el cumplimiento de las pensiones alimenticias, pusieron de manifiesto la urgencia de atender esta problemática. La omisión institucional, denunció, ha perpetuado la impunidad y la injusticia. Su llamado a la fiscal capitalina para brindar sensibilidad y acompañamiento a las madres que exigen justicia es un recordatorio de que la lucha no termina con la publicación del registro. Se necesita un compromiso integral que incluya el seguimiento puntual de los casos y la creación de programas de apoyo para las madres autónomas.

El camino hacia una sociedad más justa para la infancia es largo y complejo. Pero la publicación de este registro de deudores alimentarios es un paso significativo en la dirección correcta. Es un mensaje claro para quienes incumplen con sus responsabilidades: la sociedad no tolerará la injusticia contra niñas, niños y adolescentes. Y es, al mismo tiempo, una señal de esperanza para quienes luchan por un futuro mejor para sus hijos: la justicia, aunque a veces tarde, llega.