La sombra de la duda se cierne sobre el proceso electoral, un manto de incertidumbre tejido por la falta de transparencia y la polémica generada por el diseño del mismo. Más allá de las protestas inmediatas tras la jornada del 1 de junio, alimentadas por la escasez de información y la sospechosa coincidencia entre los "acordeones" y los nombres de los ganadores, se vislumbra un escenario de litigios y confrontaciones. Los recursos ante el Tribunal Electoral son ya una realidad, mientras el INE se atrinchera en la negativa a realizar el recuento solicitado por algunos candidatos, escudándose en la normativa vigente y la falta de representación de estos en los cómputos. Un argumento que, si bien se ajusta a la letra de la ley, deja un amargo sabor de boca y alimenta la desconfianza en la imparcialidad del proceso.

El fantasma del rebase de topes de gastos de campaña se suma a la ecuación, a la espera de los resultados de la fiscalización. Una incógnita que añade más leña al fuego de la controversia y que previsiblemente será utilizada por la sociedad civil y algunas candidaturas para solicitar la nulidad de las elecciones. No se trata únicamente de la difusión de un "acordeón ganador", argumentan, sino de una concatenación de irregularidades que han minado la legitimidad del proceso y puesto en entredicho la esencia misma de la democracia.

Sin embargo, todo parece indicar que tanto el INE como el Tribunal Electoral harán oídos sordos a estas demandas, enfrascados en una interpretación rígida de la legalidad que ignora el clamor popular por la transparencia y la justicia electoral. Nos encontramos, pues, ante el preludio de una nueva batalla político-jurídica que se librará en los medios de comunicación, con el riesgo de ahondar aún más la polarización social.

En este contexto, el Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA cobra una importancia capital. Tras el triunfalismo inicial del gobierno, que se apresuró a celebrar el supuesto éxito de la elección, el informe de la OEA ha supuesto un jarro de agua fría para el oficialismo, que no ha tenido más remedio que intentar desacreditar sus conclusiones. Sin embargo, el informe no miente. Ofrece un análisis exhaustivo y objetivo del proceso electoral, poniendo el dedo en la llaga de las irregularidades y las tensiones que lo han marcado.

Desde la confrontación entre el gobierno y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasando por la construcción de la mayoría calificada del oficialismo en el Congreso, hasta las preocupaciones expresadas por la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los posibles efectos de la elección judicial, el informe de la OEA desgrana punto por punto las deficiencias del proceso.

La OEA no se limita a señalar las limitaciones que enfrentó el INE para iniciar legalmente el proceso electoral o los obstáculos que tuvo que sortear para validar las candidaturas. También analiza con rigor los requisitos de la reforma para elegir jueces, las deficiencias en la difusión de las candidaturas, la falta de recursos para el INE, las características de las boletas, los polémicos "acordeones" y un largo etcétera.

Cualquier análisis serio e independiente, incluso sin la intervención de la OEA, habría llegado a conclusiones similares. El problema radica en la falta de voluntad política para reconocer las fallas del sistema y emprender las reformas necesarias para garantizar la transparencia y la equidad en los procesos electorales. Mientras tanto, la sombra de la duda seguirá planeando sobre la legitimidad de las elecciones, y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas se verá erosionada día tras día. El camino hacia la consolidación democrática es largo y complejo, y requiere de un compromiso firme por parte de todos los actores políticos para construir un sistema electoral que esté a la altura de las exigencias de la sociedad.