La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reformar nueve leyes relacionadas con la Guardia Nacional abre un nuevo capítulo en la estrategia de seguridad pública del país. No se trata simplemente de un ajuste, sino de un replanteamiento profundo que busca corregir las deficiencias del modelo anterior y sentar las bases para una lucha más efectiva contra el crimen. La iniciativa, plasmada en un extenso documento de 953 páginas, merece un análisis minucioso y un debate público a la altura de su trascendencia. Estamos hablando de la seguridad de todos los mexicanos, y eso exige la participación de todos.

Uno de los cambios más significativos es la corresponsabilidad que se establece entre la Guardia Nacional y las autoridades locales. Ya no se trata de una simple presencia federal, sino de un trabajo conjunto en el que los gobiernos estatales y municipales asumen un compromiso real con la seguridad de sus ciudadanos. Los convenios con plazos específicos para la profesionalización de las policías locales son una herramienta crucial para fortalecer las capacidades de seguridad en todo el territorio nacional. Recordemos que, en el pasado, se llegó a una situación en la que la presencia federal superaba en número a las fuerzas policiales locales, lo que evidenciaba una falta de compromiso por parte de algunos gobiernos estatales y municipales.

La propuesta de dotar a la Guardia Nacional con capacidades de investigación e inteligencia es otro elemento clave. Esto no solo permitirá una mayor eficiencia en la persecución del delito, sino que también fortalecerá el sistema de justicia en su conjunto. La validez de la información recabada por la Guardia Nacional en las carpetas de investigación de las fiscalías es fundamental para garantizar la solidez de los procesos judiciales. Por supuesto, esto debe ir acompañado de una capacitación rigurosa en materia de debido proceso para evitar cualquier tipo de abuso o violación de los derechos humanos. La autorización judicial para la intervención de comunicaciones privadas es una garantía adicional de que estas facultades se utilizarán con responsabilidad y dentro del marco de la ley.

La iniciativa también contempla un papel más activo del Ejército Mexicano en la generación y procesamiento de inteligencia para la prevención de amenazas a la Seguridad Nacional. Este punto, sin duda, generará debate, especialmente en el contexto de las tensiones con Estados Unidos. ¿Cómo se coordinará el Ejército con agencias como la DEA? ¿Qué mecanismos se implementarán para garantizar la transparencia y evitar la duplicidad de esfuerzos? Estas son preguntas que deben ser abordadas con seriedad y responsabilidad.

Las sanciones por corrupción son otro aspecto destacable de la propuesta. Diez años de cárcel para quienes faciliten la comisión de delitos utilizando uniformes o equipos de la Guardia Nacional es una señal clara de que no se tolerará la impunidad. La creación de un Consejo Superior de Disciplina para vigilar la conducta de los generales y altos mandos militares también contribuirá a fortalecer la integridad de las instituciones de seguridad.

En resumen, la iniciativa de la presidenta Sheinbaum Pardo representa una oportunidad histórica para construir un sistema de seguridad más eficaz y respetuoso de los derechos humanos. La discusión pública y el análisis profundo de sus implicaciones son esenciales para asegurar que esta reforma se traduzca en una mejora real para la seguridad de todos los mexicanos. No podemos darnos el lujo de desperdiciar esta oportunidad. Es el momento de unir fuerzas y trabajar juntos para construir un país más seguro y justo.

Por otro lado, las justificaciones de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, sobre la baja participación en la elección judicial, merecen un análisis más profundo. Atribuir la responsabilidad a factores externos, como la negativa a ampliar el presupuesto o los amparos interpuestos, parece una simplificación excesiva de un problema complejo. ¿Se implementaron estrategias de comunicación efectivas para promover la participación ciudadana? ¿Se facilitaron los mecanismos de votación para todos los sectores de la población? Estas son preguntas que el INE debe responder con transparencia y autocrítica. La democracia se fortalece con la participación ciudadana, y es responsabilidad de las instituciones electorales crear las condiciones para que esa participación sea plena y efectiva. El caso del Sindicato Mexicano de Electricistas y las acusaciones por robo de electricidad para minado de criptomonedas, como se denunció en este espacio, añade otro elemento de preocupación al panorama nacional. La justicia debe actuar con celeridad y transparencia para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. La impunidad no puede ser una opción.