La prolongada ausencia del Secretario de Estado Marco Rubio en México, tras cuatro meses en el cargo, ha generado una creciente tensión en la relación bilateral. A pesar de la importancia estratégica de México para Estados Unidos, tanto a nivel comercial como social, Rubio ha postergado repetidamente su visita, optando por giras en Centroamérica y el Medio Oriente. Esta falta de comunicación directa ha exacerbado las diferencias entre ambos países, dificultando la resolución de temas cruciales que requieren un diálogo de alto nivel. La reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con el subsecretario de Estado Christopher Landau se torna crucial en este contexto, considerando los recientes señalamientos de la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, sobre los disturbios en Los Ángeles. La visita de Landau busca allanar el camino para un futuro encuentro entre Sheinbaum y Rubio, e incluso, una posible reunión con el presidente Donald Trump durante la cumbre del G-7 en Canadá.

Sin embargo, la percepción en Estados Unidos es que el equipo de la 4T no ha logrado contener eficazmente las crecientes fricciones en temas como el arancel al acero, los impuestos a las remesas, el tráfico de armas y la lucha contra el narcotráfico. Esto ha debilitado la capacidad de interlocución de México con la administración Trump, quien previsiblemente volverá a insistir en la participación de agencias de seguridad y fuerzas militares estadounidenses en la lucha contra los cárteles mexicanos. La figura de Rubio se perfila como clave en este proceso, ya que se espera que presente una lista de individuos, entre políticos, militares, empresarios y financieros, supuestamente vinculados al crimen organizado, lo que añade un nuevo elemento de complejidad a la ya tensa relación bilateral. Esta “lista viva”, en constante actualización desde el gobierno de Joe Biden, incluye también a personas que han facilitado negocios con China, considerada una amenaza geopolítica por la administración Trump.

Mientras tanto, en la Agencia Nacional de Aduanas de México, dirigida por Rafael Marín Mollinedo, persisten prácticas cuestionables que obstaculizan la modernización del sector. La directora de Modernización, Blanca Estela Silva Pita, es señalada por la retención sistemática de pagos y el favorecimiento a proveedores con los que ha mantenido vínculos laborales previos, generando un claro conflicto de interés. Estas acciones afectan a numerosas empresas, poniendo en riesgo su operatividad e incluso su solvencia. Además, estas irregularidades entorpecen la colaboración con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, comprometiendo el cumplimiento de acuerdos con Estados Unidos en materia de automatización aduanera y lucha contra el tráfico ilícito.

En el ámbito financiero, el fondo de capital privado Ignia, con operaciones en México y Estados Unidos, enfrenta una demanda en Delaware por presunto fraude, incumplimiento de contrato y encubrimiento. La firma es acusada de no haber resarcido una deuda millonaria derivada de un desfalco perpetrado por una de sus empleadas, quien se habría apropiado de una startup cliente. A pesar de un acuerdo firmado por los socios de Ignia, incluyendo a Álvaro Rodríguez Arregui, la empresa no ha cumplido con los pagos pactados. Además, se les acusa de haber iniciado un juicio clandestino en México utilizando ilegalmente el nombre de la startup afectada, en un aparente intento por proteger su imagen ante los inversionistas. Este caso pone en entredicho las prácticas operativas de Ignia, contrastando con su discurso de éxito financiero y expansión global.

Otro caso que genera controversia es el de Pedro G. Fuentes Hinojosa y BBVA. El empresario reclama al banco el reconocimiento de una inversión millonaria en acciones realizada en los años 90, cuando formaba parte del consejo del entonces Grupo Financiero Bancomer. A pesar de presentar documentación que respalda su reclamo, BBVA niega tener registro de dicha inversión. Fuentes Hinojosa considera esta situación inadmisible, proveniente de una institución que presume de transparencia y solvencia. Ante la negativa del banco, el empresario ha iniciado acciones legales, recurriendo a la Comisión Nacional Bancaria y a la Condusef, y no descarta acudir a los tribunales para defender sus derechos.

Finalmente, aclaramos que Grupo IUSA, la empresa de Carlos Peralta, no tiene interés en participar en el sector petrolero y, por lo tanto, no formó parte de la reunión convocada por la Secretaría de Energía y Pemex. La empresa mantiene su enfoque en el sector eléctrico, donde ha desarrollado su actividad históricamente.