El horror se destapó en Lomas de Santiago. Dieciocho almas caninas, convertidas en esqueletos vivientes, rescatadas de un infierno en la tierra. La casa ubicada en el número 2417, más que un hogar, era una tumba para estos animales. Imaginen la escena: perros famélicos, apenas capaces de sostenerse en pie, rodeados de los restos de sus compañeros caídos, algunos incluso con marcas de fuego. El hedor a muerte impregnaba el ambiente, un testimonio silencioso del sufrimiento que estas criaturas soportaron. Gracias a la valiente intervención de Fátima Ramírez Martínez, de la Fundación “Huellitas”, y al reporte ciudadano que alertó a la Guardia Civil Estatal, estos 18 perros tienen una nueva oportunidad. Las imágenes difundidas por Ramírez en redes sociales son desgarradoras, un puñetazo en el estómago que nos obliga a confrontar la crueldad de la que somos capaces. Ver a estos animales emerger tambaleantes de la casa del horror, buscando un atisbo de esperanza en la luz del día, es una imagen que quedará grabada en la memoria colectiva.

La indignación se extiende como la pólvora. María Ana “L” y su hija Constanza Monserrat “F” son señaladas como las responsables de este acto atroz. Se les acusa no solo de negligencia, sino de una crueldad sistemática. Según las denuncias, recogían perros de la calle, incluso robaban las mascotas de sus vecinos, con la falsa promesa de un hogar. Pero en lugar de cariño y cuidado, les ofrecían un lento descenso a la muerte. El caso de Valle de Jacarandas, donde se habían presentado denuncias previas contra estas mujeres, evidencia un patrón de maltrato que las autoridades, específicamente Bienestar Animal, parecen haber ignorado. ¿Cuántas vidas se podrían haber salvado si se hubiera actuado a tiempo? La pregunta queda flotando en el aire, un reproche a la inacción y la indiferencia.

Ahora, la justicia tiene la palabra. El Código Penal del Estado, en su artículo 317 reformado por la LXI Legislatura, contempla penas para este tipo de delitos. Desde multas y prisión por lesiones, hasta inhabilitación para el cuidado de animales en caso de muerte. La gravedad de las condiciones en las que se encontraron estos 18 perros, las lesiones, la desnutrición, los restos de otros animales, todo apunta a que las responsables podrían enfrentar las penas más severas. Este caso no puede quedar impune. Es un llamado a la sociedad, a las autoridades, a no mirar hacia otro lado. La protección animal no es un capricho, es una obligación moral. Debemos ser la voz de los que no la tienen, exigir justicia para estos 18 sobrevivientes y para todas las víctimas silenciosas del maltrato animal. La lucha continúa, por un futuro donde el respeto a la vida, en todas sus formas, sea una realidad.

La labor de “Salvando Huellitas”, que ahora se encarga del cuidado y reubicación de los perros rescatados, es encomiable. Pero la responsabilidad no recae solo en las asociaciones protectoras. Cada uno de nosotros podemos contribuir a un cambio. Desde denunciar cualquier caso de maltrato que presenciemos, hasta apoyar a las organizaciones que dedican su vida a esta causa. El futuro de estos animales, y de muchos otros, depende de nuestra acción. No seamos cómplices del silencio. Seamos la voz que exige justicia y un trato digno para todos los seres vivos.