Una nueva tormenta de controversia se cierne sobre el Congreso del Estado de San Luis Potosí. En el ojo del huracán, Dolores Eliza García Román, la titular de la Oficialía Mayor, enfrenta acusaciones de plagio y nepotismo que amenazan con desestabilizar la institución.

El escándalo del plagio surge a raíz de una propuesta de Reglamento de Recursos Humanos presentada por García Román a la Junta de Coordinación Política (Jucopo). El documento, que debía regular las relaciones laborales dentro del Poder Legislativo, resultó ser una copia casi textual del Reglamento del Poder Judicial, con referencias explícitas a la institución judicial que ni siquiera se molestaron en eliminar. Este descuido, detectado por el diputado de Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Gama Basarte, ha generado una ola de indignación y cuestionamientos sobre la capacidad y la ética de la Oficial Mayor. ¿Cómo es posible, se preguntan muchos, que un documento de tal importancia se presente con semejante falta de rigor? ¿Se trata de simple negligencia o hay algo más detrás? La Jucopo, por su parte, ha rechazado el documento y exigido a García Román que presente una nueva propuesta, libre de plagio y adaptada a las necesidades del Poder Legislativo. Sin embargo, el daño a la imagen de la institución ya está hecho, y la sombra de la duda se cierne sobre la Oficialía Mayor.

Pero el plagio no es la única acusación que pesa sobre Dolores Eliza García Román. Trabajadores del Congreso, que han preferido mantener el anonimato por temor a represalias, la acusan de nepotismo, alegando que ha utilizado su influencia para colocar a familiares y allegados en puestos clave dentro de la institución. El caso más flagrante sería el de su nuera, Alejandra Pérez, a quien supuestamente se le habría otorgado una base sindical con un sueldo considerablemente alto. Además, se menciona a otras tres personas cercanas a García Román que estarían en la mira para obtener plazas sindicalizadas: su chofer y asistente personal, su secretaria particular y la titular del área de Enfermería. Estas acusaciones, de ser ciertas, pintarían un panorama preocupante de favoritismo y manejo irregular de los recursos públicos dentro del Congreso.

Ante la gravedad de las denuncias, el presidente de la Jucopo, Héctor Serrano Cortés, ha prometido una investigación exhaustiva para determinar la veracidad de las mismas. Sin embargo, hasta el momento, no se ha reportado ningún avance en la investigación, lo que alimenta la sospecha de que se podría estar intentando encubrir el caso. La falta de transparencia y la aparente inacción de la Jucopo no hacen más que aumentar la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones y sus representantes. ¿Se hará justicia? ¿O el escándalo quedará impune, como tantos otros en la historia política de San Luis Potosí? El futuro de la Oficialía Mayor y la credibilidad del Congreso penden de un hilo. La sociedad exige respuestas y espera que se tomen las medidas necesarias para sancionar a los responsables y evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro. Mientras tanto, la incertidumbre y la indignación continúan creciendo en San Luis Potosí.