La historia de Juana Hilda González Lomelí es un crudo recordatorio de la fragilidad de la justicia y la importancia de la presunción de inocencia. Tras casi dos décadas tras las rejas, acusada del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ordenado su inmediata liberación. La decisión, tomada por la Primera Sala, pone en tela de juicio las pruebas presentadas en su contra, especialmente las "confesiones" obtenidas durante su arraigo en 2006. El fallo no solo absuelve a Juana Hilda, sino que cuestiona el sistema judicial que la mantuvo cautiva durante 19 años y 5 meses, basándose en pruebas ahora consideradas inválidas.

La sombra de la tortura se cierne sobre este caso. La Corte ha determinado que no existen garantías suficientes para asegurar que las declaraciones de Juana Hilda fueron libres y voluntarias. La posibilidad de que hayan sido obtenidas bajo coacción psicológica e intimidación es, según el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, suficiente para invalidarlas. Este punto crucial resalta la vulnerabilidad de los detenidos y la necesidad de salvaguardar sus derechos fundamentales, incluso – y especialmente – cuando se enfrentan a acusaciones graves.

La liberación de Juana Hilda no es un hecho aislado. Abre la puerta a la revisión de los casos de sus coprocesados: César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo, Brenda Quevedo y Jacobo Tagle. Todos ellos enfrentan cargos similares, y sus juicios se basaron en las mismas pruebas que ahora la SCJN ha declarado nulas. El Instituto Federal de Defensoría Pública, que ha llevado la defensa de Juana Hilda, ha sido contundente: estas pruebas deben ser excluidas de forma inmediata en todos los casos relacionados. Se espera que la decisión de la Corte tenga un efecto dominó, desatando una ola de revisiones y posibles liberaciones.

Este caso plantea interrogantes profundas sobre el funcionamiento del sistema judicial. ¿Cuántos inocentes podrían estar languideciendo en prisión, condenados por pruebas obtenidas de manera irregular? ¿Cómo podemos garantizar que la búsqueda de justicia no se convierta en una cacería de brujas, donde la presunción de inocencia se sacrifica en el altar de la eficiencia? La historia de Juana Hilda es una llamada de atención. Nos obliga a reflexionar sobre la importancia de un debido proceso, la necesidad de pruebas sólidas y la obligación del Estado de proteger los derechos de todos sus ciudadanos, incluso de aquellos acusados de los crímenes más atroces.

Más allá de la controversia legal, este caso es una tragedia humana. Juana Hilda ha perdido casi dos décadas de su vida, privada de su libertad y marcada por el estigma de una acusación grave. Su liberación, si bien llega tarde, representa una victoria para la justicia y un recordatorio de que la lucha por los derechos humanos nunca debe cesar. Ahora, el desafío es reparar el daño causado, no solo a Juana Hilda, sino a todos aquellos cuyas vidas han sido afectadas por este caso. La justicia, a veces, tarda en llegar, pero cuando lo hace, debe ser implacable en la búsqueda de la verdad y la reparación del daño. El caso de Juana Hilda González Lomelí es un capítulo más en la larga y compleja historia de la búsqueda de justicia en México, una historia que aún está lejos de concluir.