El reciente proceso electoral para la renovación del Poder Judicial, más allá de su trascendencia jurídica y constitucional, se convirtió en un termómetro social y una prueba de fuego para el régimen impulsor. La movilización ciudadana, si bien superó las expectativas más pesimistas, se mantuvo en niveles bajos, dejando entrever una apatía preocupante, aunque no se pueden ignorar las denuncias sobre intentos de manipulación del voto. A falta de resultados definitivos, se perfila un escenario donde las candidaturas emanadas del Poder Ejecutivo llevan la delantera, incluyendo, paradójicamente, a algunos funcionarios que ya forman parte del Poder Judicial.

Este resultado contrasta con el desempeño de las candidaturas provenientes del Poder Legislativo y, especialmente, del Judicial. Magistrados y jueces en activo vieron cómo sus aspiraciones se desvanecían ante el electorado, obteniendo un apoyo mínimo. El Poder Legislativo corrió con una suerte similar, salvo en aquellos casos donde las candidaturas contaban con el respaldo simultáneo del Ejecutivo. Este panorama nos invita a reflexionar sobre la percepción ciudadana respecto a la independencia de los poderes y la influencia del Ejecutivo en la conformación del Judicial. ¿Es acaso un reflejo de la confianza depositada en el gobierno actual o una muestra de la desconfianza hacia las figuras ya establecidas dentro del sistema judicial?

Sin embargo, el fenómeno más llamativo, y quizás el más revelador de este proceso electoral, es el alto número de votos nulos. Ciudadanos que, a pesar de acudir a las urnas, decidieron manifestar su descontento invalidando sus boletas. Más allá de la discusión sobre la legalidad o las implicaciones jurídicas de esta acción, lo cierto es que el volumen de votos nulos adquiere una relevancia crucial en un contexto de baja participación. Estos votos, que representan la voz de un sector de la población desencantado con el proceso y las opciones presentadas, pudieron haber inclinado la balanza hacia otras candidaturas. Imaginemos el escenario: magistrados, jueces y candidatos legislativos que quedaron en segundo, tercer o incluso cuarto lugar, podrían haber alcanzado la victoria si esos votos nulos se hubieran traducido en votos efectivos.

Este ejercicio de análisis nos lleva a una reflexión profunda sobre el futuro de la justicia en nuestro país. ¿Qué mensaje envía la ciudadanía al optar por la nulidad? ¿Es una simple protesta o una señal de alarma ante un sistema que perciben como deficiente o manipulado? Las respuestas a estas preguntas son cruciales para comprender el descontento social y para construir un sistema judicial más transparente y representativo.

De cara a la renovación de la otra mitad de las magistraturas y juzgados en 2027, cada ciudadano tendrá la responsabilidad de decidir cómo participar en el proceso. La anulación del voto, si bien es una forma de expresión válida, también implica renunciar a la posibilidad de influir directamente en el resultado. La apatía y la abstención no son la solución. Es necesario que la ciudadanía se involucre activamente, informándose, analizando las propuestas y ejerciendo su derecho al voto de manera consciente y responsable. El futuro del Poder Judicial, y por ende, la administración de justicia en el país, depende de ello.

La molestia o el agravio con la situación actual no se resuelve con la inacción. El voto es un arma poderosa, una herramienta de cambio que no debemos desperdiciar. La democracia se fortalece con la participación activa y el debate informado. En 2027, tendremos una nueva oportunidad para decidir el rumbo de la justicia en México. Aprovechémosla.