La sombra del gallardismo se extiende como una mancha de aceite sobre el sistema educativo de San Luis Potosí. Lo que comenzó como un rumor, un cuchicheo en los pasillos de las escuelas, se ha convertido en una denuncia a voces: la obligación, impuesta desde las altas esferas del gobierno estatal, de convertir a maestros y maestras en replicadores de la propaganda del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y la senadora Ruth González Silva. No se trata de una invitación, ni siquiera de una sugerencia, sino de una orden directa que emana de la Secretaría de Educación, encabezada por Juan Carlos Torres Cedillo, y que se propaga como un virus a través de los grupos de WhatsApp de los planteles. “Favor de compartir”, “urge que todos repliquen esta publicación”, “es instrucción de arriba”, son los mensajes que, acompañados de un tono intimidatorio, inundan los teléfonos de los docentes, seguidos de un riguroso seguimiento y amenazas veladas de perder horas clase o apoyos gubernamentales para quienes se nieguen a obedecer.

El malestar entre el profesorado es palpable, la indignación crece. No sólo se les obliga a invadir sus espacios personales con propaganda política disfrazada de información institucional, sino que se les fuerza a traicionar su vocación: la de educar, no la de militar en las filas de un partido. Se les convierte en instrumentos de una estrategia política burda y peligrosa, que instrumentaliza la educación potosina para inflar el ego del gobernador y su esposa. Este chantaje, disfrazado de "apoyo institucional", normaliza la coacción como herramienta de control, estableciendo un peligroso precedente: o te pliegas a la voluntad del poder, o atente a las consecuencias.

La situación se agrava en Tamazunchale, donde la represión se ha cebado con los docentes que, junto a los padres de familia, osaron alzar la voz para denunciar el estado de abandono de las escuelas, plagadas de carencias y sin servicios básicos. Mientras las instituciones educativas se derrumban, el gobierno de Gallardo despilfarra los recursos públicos en festivales y espectáculos, silenciando a quienes reclaman mejoras en la educación. La respuesta del estado a las justas demandas de la comunidad educativa no es el diálogo, sino la amenaza, el amedrentamiento, la negación sistemática de cualquier posibilidad de solución.

En San Luis Potosí, la línea que separa lo legal de lo descarado se ha desvanecido. El gobierno ha optado por el camino de la imposición, utilizando el miedo como herramienta de control. Pero las maestras y maestros de San Luis Potosí no se dejan amilanar y resisten, afirmando con firmeza que su labor es educar, no aplaudir al poder en las redes sociales. Su voz, aunque silenciada, sigue resonando en las aulas, exigiendo respeto, dignidad y un futuro digno para la educación potosina. El gallardismo ha cruzado una línea, pero la lucha por la educación pública apenas comienza.

En un contraste esperanzador, el municipio de Guadalupe, Zacatecas, bajo la gestión del alcalde José Saldívar, se erige como un ejemplo de colaboración efectiva con el gobierno federal. La construcción de 20 mil viviendas del programa Vivienda para el Bienestar, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, es una muestra tangible de los resultados que se pueden alcanzar cuando la gestión pública se centra en las necesidades de la ciudadanía. Con la donación de terrenos por parte del ayuntamiento y la participación del Infonavit, Guadalupe se convierte en un modelo a seguir, un ejemplo de que un futuro mejor es posible. Estaremos atentos a las próximas noticias que, según nos informan, serán igual de alentadoras.