La militarización de la Guardia Nacional se consolida con la reciente iniciativa de ley. Un análisis a fondo revela las implicaciones de este cambio trascendental para la seguridad del país. La adscripción completa a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) no solo redefine su estructura jerárquica, sino que transforma su esencia misma. La figura del General de División al mando, nombrado directamente por el Ejecutivo a propuesta del Secretario de la Defensa, subraya la preeminencia del enfoque militar en la institución. Este cambio radical plantea interrogantes sobre el futuro de la seguridad pública en México.

La adopción de los grados militares, desde Generales de GN hasta la tropa, borra cualquier vestigio de la nomenclatura policial. Este cambio simbólico y práctico implica una reorientación profunda de la formación, el entrenamiento y la doctrina de la Guardia Nacional. ¿Cómo impactará esta militarización en la proximidad con la ciudadanía? ¿Se priorizará la lógica militar sobre el enfoque de seguridad ciudadana? La respuesta a estas preguntas definirá el éxito o fracaso de este nuevo modelo.

La jurisdicción penal militar para todo el personal de carrera plantea otro conjunto de interrogantes. ¿Garantizará este sistema la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos? La experiencia histórica de la justicia militar en México genera preocupaciones legítimas sobre su capacidad para investigar y sancionar abusos de poder. La transparencia y la supervisión externa serán cruciales para evitar la impunidad.

La incógnita del personal civil de confianza añade complejidad al panorama. Sujetos a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se encuentran en una posición vulnerable. La incertidumbre laboral que enfrentan podría afectar su desempeño y comprometer la continuidad de tareas cruciales, como la investigación e inteligencia. La transición de la Policía Federal a la Guardia Nacional no puede ignorar el valor de la experiencia y el conocimiento acumulado por estos profesionales.

La sombra de la Policía Federal, a pesar de su disolución, persiste. Su legado, tanto positivo como negativo, influye en la configuración de la nueva institución. La presencia de ex miembros de la Policía Federal en puestos clave de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana plantea interrogantes sobre la continuidad de prácticas y vicios del pasado. La renovación real exige un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

La iniciativa de ley retoma atribuciones controvertidas de la extinta Policía Federal, como la solicitud directa al Juez de Control para la intervención de comunicaciones privadas. Este poder, sujeto a críticas en el pasado, ahora se otorga a la Guardia Nacional. ¿Se han implementado salvaguardas suficientes para prevenir abusos? La protección de la privacidad y el derecho a la intimidad deben ser prioridades inquebrantables.

Finalmente, la subordinación al Ministerio Público en las investigaciones criminales ofrece un contrapeso importante al poder de la Guardia Nacional. Este mecanismo de control busca evitar excesos y garantizar el respeto al debido proceso. Sin embargo, su eficacia dependerá de la independencia y la capacidad del Ministerio Público para ejercer su función de supervisión.

La transformación de la Guardia Nacional en una fuerza armada permanente plantea desafíos significativos para la seguridad y la democracia en México. El debate público y la vigilancia ciudadana serán fundamentales para asegurar que esta nueva institución sirva a los intereses de la nación y respete los derechos de todos los mexicanos.