La danza cíclica de protestas de la CNTE se ha repetido una vez más, dejando a su paso un reguero de caos y frustración en la Ciudad de México. Veintidos días de plantones, marchas y bloqueos que, si bien han cesado temporalmente, prometen regresar con mayor intensidad. Se percibe una estrategia de desgaste, una táctica de presión constante que busca doblegar al gobierno a través del estrangulamiento de la vida cotidiana de los ciudadanos. La CNTE argumenta la defensa de los derechos laborales de los maestros, pero sus demandas, ¿realmente reflejan las necesidades del magisterio o esconden una agenda política más profunda?

Un aumento salarial del 100%, la abrogación de la Reforma Educativa, la eliminación de las Afores y el retorno a un sistema de pensiones insostenible… Estas exigencias, ¿son viables en el contexto económico actual? ¿Benefician realmente a la educación y a los maestros o, por el contrario, lastrarán aún más las finanzas públicas y perpetuarán un sistema ineficiente? El gobierno, por su parte, ofrece un aumento salarial del 9%, la suspensión del aumento gradual de la edad de retiro y la eliminación del USICAMM. Concesiones que, a ojos de la CNTE, resultan insuficientes.

La CNTE justifica sus acciones en la lucha por la justicia social, pero la realidad que se vive en las calles dista mucho de ese ideal. Comerciantes con sus negocios cerrados, empleados que no pueden llegar a sus trabajos, automovilistas atrapados en embotellamientos interminables, citas médicas canceladas, pérdidas económicas incalculables y, lo más grave, casi un millón y medio de niños sin clases. ¿Es este el precio que debemos pagar por la defensa de los derechos laborales? ¿Son estos los métodos que deben emplearse para lograr un cambio social?

La postura del gobierno, si bien se centra en el diálogo y la no represión, parece insuficiente ante la magnitud del problema. La tolerancia ante los bloqueos y las afectaciones a la ciudadanía ¿no se interpreta como una señal de debilidad? ¿No es acaso deber del gobierno garantizar el libre tránsito y la seguridad de todos los ciudadanos? La línea entre el respeto al derecho a la manifestación y la permisividad ante el caos es delgada, y en este caso, parece haberse difuminado.

El discurso de la CNTE se envuelve en la retórica de la lucha de clases, presentándose como la voz de los oprimidos frente al poder establecido. Sin embargo, sus acciones parecen más alineadas con una estrategia de desestabilización que con una genuina búsqueda de soluciones. ¿A quién beneficia realmente este conflicto perpetuo? ¿A los maestros de base, a los estudiantes o a las cúpulas que dirigen la Coordinadora?

La sociedad se encuentra atrapada en medio de este fuego cruzado, padeciendo las consecuencias de un conflicto que parece no tener fin. Mientras el gobierno y la CNTE se enfrascan en un diálogo de sordos, los ciudadanos siguen pagando el precio de la intransigencia y la falta de visión de ambas partes. Es urgente encontrar una solución que trascienda los intereses particulares y priorice el bienestar colectivo. El futuro de la educación y del país depende de ello.