La fórmula aragonesa, ese eco resonante de un pacto ancestral, nos recuerda la fragilidad del poder y la fortaleza de la unidad. "Nos, que somos y valemos tanto como, pero juntos más que vos…" Una declaración que no solo consagraba la autoridad del rey, sino que la limitaba, la sujetaba a la voluntad de un pueblo. Un pueblo que se reconocía como el origen y el sustento del poder real, un poder delegado, no inherente. ¿No resuena acaso esta idea en nuestros tiempos, en nuestras democracias modernas? La legitimidad del poder no emana de la fuerza bruta ni de la imposición, sino del consentimiento de los gobernados. Un consentimiento que, como bien sabían los aragoneses, no era incondicional, sino un contrato con cláusulas claras: "con tal de que guardéis nuestros fueros y libertades, y si no, no."

Este principio, aparentemente simple, encierra una complejidad fascinante. Implica un diálogo constante, una negociación permanente entre el gobernante y los gobernados. Un equilibrio delicado que se construye y se reconstruye día a día. Y es aquí donde entra en juego el concepto del "cuerpo jurídico medieval" que tan magistralmente describió Paolo Grossi. La sociedad no es una masa amorfa, sino un organismo complejo, un entramado de instituciones, leyes, costumbres y, sobre todo, personas. Cada una de estas piezas, por pequeña que parezca, juega un papel vital en el funcionamiento del conjunto. Un engranaje defectuoso puede comprometer la maquinaria entera, y la ausencia de uno solo puede detenerla por completo.

La anécdota de Churchill y su asistente Colville ilustra a la perfección esta idea. En medio del torbellino de la guerra y la política, Churchill, un gigante de la historia, reconoce la importancia del trabajo silencioso, la dedicación constante de quienes lo rodean. Comprende que la continuidad de las instituciones no depende solo de los líderes, sino de la solidez de la estructura que los sostiene. Los primeros ministros van y vienen, las circunstancias cambian, pero la maquinaria del gobierno debe seguir funcionando, impulsada por la labor incansable de quienes la componen.

Y es precisamente esta continuidad, esta solidez institucional, lo que debemos preservar. En momentos de cambio, como la reformulación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es fundamental recordar la importancia del legado que se recibe. No se trata simplemente de respetar los precedentes jurídicos, sino de reconocer el valor del trabajo realizado, la dedicación y el compromiso de quienes nos antecedieron. Se trata de construir sobre los cimientos que ellos sentaron, de aprender de sus aciertos y de sus errores, para seguir avanzando en la construcción de un sistema judicial más justo y equitativo. Un sistema que, como el juramento de los reyes de Aragón, esté al servicio de los ciudadanos, garantizando sus derechos y libertades. Un sistema que sea, en definitiva, la expresión de la voluntad popular, el reflejo de un pacto social renovado constantemente, en el que cada pieza, cada engranaje, contribuya al buen funcionamiento del conjunto. La transformación no implica ruptura, sino evolución. Un crecimiento orgánico que, como un árbol, hunde sus raíces en el pasado para alcanzar las ramas hacia el futuro.