Un terremoto político sacude al PRI en San Luis Potosí. La reciente decisión del Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) de anular la Asamblea del 3 de diciembre de 2024, donde Sara Rocha fue electa presidenta del Comité Directivo Estatal, ha desatado una ola de incertidumbre y controversia en el partido tricolor. La sentencia, que declara inválida la elección de Rocha, argumenta una "afectación a las formalidades del procedimiento" que vulneró el derecho al debido proceso de algunos militantes. El fallo, que revoca el nombramiento de Rocha y ordena la reposición del proceso interno, se centra en la falta de notificación adecuada a algunos actores sobre la convocatoria a la sesión extraordinaria, un error que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI ha reconocido.

Esta decisión judicial, lejos de cerrar el capítulo, abre un nuevo frente de batalla legal y política. La magistrada presidenta del TEESLP, Denisse Porras, ha sido clara al señalar que la reposición del procedimiento debe ajustarse a los estatutos del partido. Sin embargo, la magistrada María López planteó una visión diferente, sugiriendo que los efectos de la sentencia deberían limitarse a citar a quienes no fueron notificados inicialmente, lo que evidencia la complejidad y las diferentes interpretaciones jurídicas del caso. A pesar de estas divergencias, la sentencia final fue aprobada por unanimidad, lo que refleja la contundencia del fallo pero no disipa la tensión subyacente.

La dirigencia estatal del PRI, ahora depuesta, no se ha quedado de brazos cruzados. Convocaron a una conferencia de prensa para mañana al mediodía, prometiendo una respuesta contundente a la decisión del TEESLP. El secretario técnico del Consejo Político Estatal adelantó que recurrirán a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar la sentencia. Según sus declaraciones, la controversia se centra en la competencia del tribunal local, argumentando que la Sala Monterrey ya había dado por concluido el proceso de elección y que este no debería ser objeto de debate. Además, insiste en que las magistradas cuestionaban las actuaciones de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, no la elección de Sara Rocha en sí misma.

Este escenario plantea interrogantes cruciales sobre el futuro del PRI en San Luis Potosí. ¿Logrará el partido superar esta crisis interna y unificarse de cara a los próximos retos electorales? ¿Qué impacto tendrá esta disputa legal en la imagen del partido y la confianza de sus militantes? La reposición del proceso interno, ¿garantizará la transparencia y la legitimidad que se reclaman o se convertirá en un nuevo foco de conflicto? ¿Prevalecerá la decisión del TEESLP o la Sala Superior del TEPJF le dará la razón al PRI? El tiempo y las próximas resoluciones judiciales nos darán la respuesta. Mientras tanto, la incertidumbre y la tensión política se mantienen en el aire. El futuro del PRI potosino se escribe en estos momentos, en medio de un complejo panorama legal y político que mantiene en vilo a la militancia y a la opinión pública.