El eco de las detonaciones aún retumba en la memoria de las familias desplazadas de la sierra de Guerrero. No son fantasmas, son personas de carne y hueso, mujeres y niños que se aferran a la vida entre la maleza, con el estómago vacío y el corazón latiendo a ritmo de miedo. Imaginen la angustia de una madre que acalla el llanto de su bebé para no delatar su escondite, la desesperación de un niño que pregunta por comida y solo recibe silencio. Este no es un escenario de película, es la cruda realidad que se vive en comunidades como Puerto Las Ollas, Rancho Nuevo y El Nogal, abandonadas a su suerte ante la embestida de la violencia.

La impunidad se pasea a sus anchas por estas tierras, donde la ley del más fuerte ha suplantado al Estado de Derecho. ¿Qué clase de sociedad permite que sus niños crezcan con el sonido de las balas como banda sonora? ¿Qué futuro les espera a quienes desde su infancia aprenden a esconderse para sobrevivir? Joshua y Sergio, de 10 y 14 años, son la prueba viviente de este desamparo. Dos nombres, dos infancias truncadas, dos familias destrozadas por la incertidumbre. Su desaparición es un grito desesperado que exige justicia, una herida abierta en la conciencia colectiva que no podemos ignorar.

Mientras las familias se ocultan entre las piedras, la gobernadora Evelyn Salgado guarda silencio. ¿Será que el clamor de un pueblo entero no alcanza a traspasar los muros de su oficina? ¿O acaso la indiferencia se ha convertido en la política oficial ante la tragedia? Las peticiones de auxilio se han estrellado contra un muro de inacción, dejando a estas comunidades a merced de la violencia. No se trata de apoyos económicos, se trata de garantizar el derecho fundamental a la vida, un derecho que les ha sido arrebatado.

Este no es un caso aislado, es la punta del iceberg de una crisis humanitaria que se agrava día a día. Guerrero, un estado sumido en la violencia, donde la sierra se ha convertido en un territorio sin ley. La ausencia del Estado es palpable, dejando un vacío que es rápidamente llenado por el miedo y la desesperación. Mientras tanto, las mujeres, convertidas en madres coraje, alzan la voz, clamando por justicia, por protección, por un futuro digno para sus hijos. Su lucha es la lucha de todos, una lucha por la dignidad y la esperanza en un país que parece haberlas olvidado.

Y como si la tragedia de Guerrero no fuera suficiente, el caso de la diputada Alhely Medina Hernández añade otra capa de indignación a este panorama desolador. Su huida con licencia, tras ser acusada de encubrir la violación de sus dos sobrinas, es una bofetada a la justicia y una muestra más de la impunidad que prevalece en el sistema. El Congreso de Hidalgo, controlado por Morena, le otorgó la libertad en bandeja de plata, permitiendo que escapara de la justicia y dejando a las víctimas a su suerte.

El silencio cómplice del gobernador Julio Menchaca y la actuación tardía de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo son evidencia de la protección que se teje alrededor de los propios, incluso a costa de la justicia y el bienestar de las niñas. Este caso no solo pone en evidencia la corrupción que corroe las instituciones, sino también la falta de empatía y la deshumanización que impera en la clase política. ¿Cómo es posible que se priorice la protección de una diputada acusada de encubrimiento por encima del dolor y la justicia que merecen dos menores víctimas de abuso?

La fuga de Alhely Medina Hernández es una herida profunda en la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Es un recordatorio de que la justicia no siempre llega, de que la impunidad puede vestirse de traje y corbata, y de que el poder puede ser utilizado para silenciar las voces de los más vulnerables. Mientras tanto, dos niñas cargan con el peso del abuso y la traición, abandonadas por un sistema que debería protegerlas. Su historia es un llamado a la acción, una exigencia de justicia que no podemos ignorar. No podemos permitir que la impunidad se convierta en la norma. Es tiempo de exigir un cambio, de alzar la voz por quienes no pueden hacerlo y de construir un país donde la justicia sea para todos, sin importar su posición social o política.